Peru Election 2006

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Arturo Woodman sería denunciado por presunta colusión

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Source: Arturo Pérez. La República, 30 de enero del 2006.
Arturo Woodman, empresario y actual candidato a la primera vicepresidencia de la plancha de Lourdes Flores Nano, es investigado por la fiscal Juana Meza Peña bajo la sospecha de ser cómplice del delito de colusión en el caso de la concesión del puerto Matarani al Grupo Romero, organización para la que trabajaba mientras al mismo tiempo actuaba como funcionario público del gobierno de Alberto Fujimori.


Fiscal anticorrupción investiga a Arturo Woodman
Por Ángel Páez. Unidad de Investigación con la colaboración de Gabriela Flores.
La República, 30 de enero del 2006

BAJO SOSPECHA
• La fiscal Juana Meza Peña decidirá si lo denuncia por presunta colusión en el caso de la concesión del puerto Matarani al Grupo Romero, organización para la que trabajaba mientras al mismo tiempo actuaba como funcionario público de Fujimori.
A pedido de la fiscal Juana Meza Peña, la Policía Anticorrupción investiga al candidato a la primera vicepresidencia por la alianza Unidad Nacional, Arturo Woodman Pollit.
El empresario está comprendido en el caso de la presunta concesión ilegal del puerto de Matarani a la empresa ‘Santa Sofía Puertos’, del Grupo Romero, cuyo representante era el propio Woodman.
Cuando el comité privatizador de Matarani entregó la concesión a la empresa ‘Santa Sofía Puertos’, en 1999, Arturo Woodman se desempeñaba como presidente del comité privatizador de la azucarera Pucalá. Tanto el comité de Matarani como el de Pucalá dependían de la Comisión de la Promoción de la Inversión Privada (Copri), adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), durante el régimen de Alberto Fujimori. Esto es, Woodman era funcionario público de la privatización y al mismo tiempo representante del Grupo Romero que intervino en el proceso.
Contra el tiempo
El caso del puerto de Matarani deriva de un informe acusatorio de la Comisión Investigadora de los Delitos Económicos y Financieros cometidos durante el gobierno de Fujimori, evacuado en el 2003.
La defensa legal de Woodman confirmó a La República que el empresario y actual candidato de la plancha de Lourdes Flores Nano es investigado por la fiscal Juana Meza bajo la sospecha de ser cómplice del delito de colusión. La pena máxima es de 15 años.
De acuerdo con la denuncia que ventila la fiscalía, los miembros del comité privatizador del puerto de Matarani y los representantes de ‘Santa Sofía Puertos’ presuntamente concertaron voluntades para otorgar la concesión a la empresa del Grupo Romero.
En el caso de Woodman, habría aprovechado su ubicación privilegiada en el organismo privatizador del gobierno de Fujimori para favorecer a su representada.
Al respecto, el Estudio Oré Guardia, que defiende en este caso a Woodman, señaló a La República que la acusación contra el empresario carece de fundamento y que no existen pruebas del presunto delito que se le atribuye al candidato. Confiaron en que saldrá muy bien librado, como en otros casos.
Los hechos
Para favorecer a la empresa ‘Santa Sofía Puertos’, según la investigación fiscal, los involucrados cometieron los siguientes actos:
• La adjudicación de la concesión a ‘Santa Sofía Puertos’ a pesar de que se trataba del único postor.
• La subvaluación del precio-base del terminal portuario.
• La modificación del contrato en lo referente al pago de canon por retribución.
• La sustitución de la empresa ‘Santa Sofía Puertos’ por la compañía estadounidense ‘SSA’ al suscribirse el contrato con el Estado peruano.
La defensa de Arturo Woodman sostiene que todos estos hechos fueron aclarados y que por lo tanto no hay sustento para denunciar penalmente al candidato de Unidad Nacional.
Mea culpa
Sin embargo, el propio Woodman admitió ante el Congreso que, siendo presidente del comité privatizador de Pucalá, se reunió con sus colegas del comite privatizador de Matarani para hacerles “consultas” como representante del Grupo Romero. Woodman presidió el comité privatizador de Pucalá entre el 11 de marzo de 1997 y el 27 de agosto de 1999. El contrato de Matarani se suscribió el 17 de agosto de 1999.
Es más, el cinco de junio de 2002 Arturo Woodman aceptó ante el Congreso que hizo el papel de doble agente, como funcionario público y representante del Grupo Romero: “He tenido evidentemente relación con los miembros básicamente de la Cepri (comite privatizador) (…), pero la relación que he tenido con ellos es simplemente cuando he tenido de mi parte (…) como funcionario de la organización Romero, que tenía interés en los puertos”.
La fiscal Juana Meza abrió la investigación en diciembre de 2003 y aún no lo resuelve.
Fuentes del despacho fiscal dijeron que la tardanza se debía a que algunas empresas involucradas no remitían la información que se les requería, por lo que tuvo que insistir en su pedido bajo la modalidad de apercibimiento.
Se estima que la fiscal Juana Meza resolverá el caso antes que el empresario Arturo Woodman eventualmente asuma la función de primer vicepresidente de la República y entonces tenga la prerrogativa del antejuicio.
Se salvó de otros casos
1. Woodman también fue denunciado por su intervención en la venta de acciones de los trabajadores de Agroindustrial Pucalá, como presidente del comité privatizador. El 24 de abril de 2003, la fiscal Luz María Flores Dávila apartó del caso a Woodman, pero siguió el proceso contra los compradores de las acciones, Wiese SAB y el Consorcio Izaga Paramonga.
2. La Comisión Investigadora de los Delitos Económicos, responsabilizó a Woodman del delito de peculado. Esta denuncia se sumó a la que previamente habían formulado un grupo de trabajadores de Pucalá . Los dos casos se sumaron en uno y la fiscal Flores lo archivó.
3. Woodman, junto con Dionisio Romero, también fue denunciado por un ex funcionario del Banco de Crédito por supuesto lavado de dinero. Después de cuatro años de investigaciones, el fiscal Iván Quispe archivó el caso hace dos semanas.

Written by Michael Ha

January 30th, 2006 at 5:25 am

Posted in Political Parties

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