Parliamentary Impunity
Rosa Maria Palacios has written a thoughtful critical essay on parliamentary immunity. Recent reports of criminal proceedings against candidates would be less disturbing were it not for the fact that, once elected, a member of congress has immunity from prosecution. In practice, the congress rarely lifts parliamentary immunity.
Acabemos con la inmunidad parlamentaria
Rosa María Palacios
La Primera
29 de Enero del 2006, p. 4.
Algunos candidatos al Congreso andan muy enojados, cómo no, con la prensa. ¡Campaña de desprestigio! ¡Derecho de rectificación! ¡Vendidos a los intereses de los banqueros! ¿El pecado?
Haber peinado dos listas parlamentarias (o por lo menos los nombres que se conocen) en la base de datos de denuncias del Ministerio Público. La información obtenida hasta el momento permite apreciar que tanto en la lista parlamentaria de Unidad Nacional como en la de UPP existen personas denunciadas por una gama de delitos que van desde el tráfico ilícito de drogas hasta las faltas contra el pudor.
Indignados, algunos de los señalados indican que son inocentes y carecen de antecedentes penales porque no han sido sentenciados. No lo niego y nadie podría acusarlos de ser delincuentes. Cualquiera puede ser víctima de una falsa denuncia.
Ése no es el punto. Entonces, ¿por qué es relevante esta información para el votante? ¿Por qué los medios de comunicación tienen que hacer estas búsquedas sustituyendo a cada uno de los votantes que no tiene el tiempo, la paciencia y el dinero para averiguar estos datos? ¿Por qué esta información no es un mero chisme que atenta contra la dignidad y privacidad de las personas? Por una sola razón: la inmunidad parlamentaria.
¿Sabe cuántos pedidos de levantamiento de inmunidad parlamentaria se presentaron al Congreso entre julio del 2001 y junio del 2005? La nada desdeñable suma de 39, las mismas que involucran a 21 congresistas. ¿Cuántos aprobó el Congreso? Tan sólo 2; los escandalosos casos de los congresistas Gonzales y Torres Caclla. ¿Qué pasó con los demás?
El Congreso negó el pedido y protegió a los congresistas impidiendo que sean procesados por delitos cometidos, en muchos casos, antes de su mandato parlamentario. Es decir, la inmunidad se convirtió en impunidad.
No soy juez ni fiscal para acusar a nadie, pero es evidente que con los plazos de prescripción corriendo este Congreso se ha convertido en un “ampay me salvo” para los denunciados.
Cuando terminen su periodo ya ningún juez podrá sentenciarlos. Serán, para desconsuelo de sus víctimas, inocentes por prescripción. Es decir, intocables en una democracia que proclama la igualdad de sus ciudadanos.
Los aspirantes al Congreso, que se quejan del desprestigio del actual y prometen cambios, se enojan cuando se les recuerda que todos terminarán convertidos en otorongos una vez que sean elegidos. Y como bien sabemos, entre ellos no se tragan para todo efecto.
Por ello, éste es el momento de exigir a los Partidos que opten por la vía más rápida de solución a este abuso. Los congresistas no pueden “ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante”, dice la Constitución.
Por lo tanto, basta una modificación al Reglamento del Congreso para que quede claro que las acusaciones planteadas antes de que sean elegidos se deben tramitar como las de cualquier ciudadano.
Ésa es la regla en todas las democracias del mundo. Los privilegios heredados de la realeza hace mucho tiempo que han desaparecido de las legislaciones comparadas. Aquí no sólo se mantienen, sino que se hace abuso de ellos.
Mientras que esa situación no cambie, seguiré presentado todas las denuncias que aparezcan en la base de datos del Ministerio Público (que es una fuente oficial, no un vertedero de chismes) acerca de cada uno de los postulantes al Congreso. Y si no les gusta, qué pena. El poder está, aunque sea sólo por este verano, en manos de los votantes, y lo vamos a usar para informar e informarnos.
Una cuestión final que no puedo dejar pasar si es que de actos injustos se trata. Alfredo Jalilie está preso, condenado a cuatro años de prisión efectiva. Vice Ministro de Hacienda de Carlos Boloña, se le procesó por el caso de los 15 millones de dólares entregados a Montesinos en los últimos días de Fujimori.
Lo cierto es que tanto Boloña como el ministro de Defensa, Carlos Bergamino, no tienen que cumplir condena en prisión y él, que era un subordinado, está en la cárcel por darle trámite a una orden. Jalilie prestó servicios al Estado por casi 30 años, teniendo una carrera sin mancha en todo ese tiempo que no ha pesado en nada para el criterio de los jueces.
Si algún pedido se le puede hacer al presidente Toledo, que le conmutó la pena a una burrier sin mayor inconveniente, es que indulte a un funcionario al que se le han cargado las culpas ajenas como si fueran propias.
Justicia no es ajusticiamiento y dice muy poco de la democracia que los jueces no sepan graduar las penas. Y si se necesitan firmas para el pedido, aquí tiene la mía.