Peru Election 2006

Persecución política
La República, 08 de mayo del 2006. Por Pedro Francke.
El director de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, Oscar Schiapa-Pietra, declaró la semana pasada a la prensa que fiscalizarían a las ONG que se oponen al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Inmediatamente se me vino al recuerdo cuando, en la década pasada, el gobierno de Fujimori realizó una muy especial fiscalización tributaria a Colchones Paraíso, la empresa de propiedad de Baruch Ivcher, cuyo Canal 2 en esa época propaló diversas denuncias contra el régimen dictatorial.
El uso del Estado en función de castigar a quienes se oponen al gobierno es una característica básica de las dictaduras. También suelen premiar a sus allegados, como en ese famoso audio en el cual Jorge Mufarech, entonces ministro de Trabajo de Fujimori, le ofrecía a José Enrique Crousillat que no programaría fiscalizaciones laborales en el Canal 4 si sus noticieros lo trataban favorablemente. Por el contrario, las democracias distinguen entre partido y Estado, y por ello los organismos públicos operan siguiendo criterios objetivos y no en respuesta a la opinión que puedan tener los ciudadanos sobre una u otra materia. De ahí que una cuestión fundamental establecida en la Convención Universal de los Derechos Humanos, es el derecho a la no discriminación: no se puede dispensar distinto trato a las personas de acuerdo a sus preferencias políticas, como tampoco puede hacerse porque tienen distinto color de piel o diferentes creencias religiosas.
Puede parecer una exageración. Pero lo cierto es que estas actitudes dictatoriales, si se les deja pasar cuando empiezan, luego se reproducen y multiplican sin cesar. Nuestra débil democracia corre el riesgo de ser cada vez más un cascarón vacío, si al amparo de un resultado electoral se permite que quienes gobiernan actúen sin límites ni contrapesos.
Días después de sus declaraciones originales, Schiapa-Pietra ha dicho que no se está realizando ninguna persecución política, pero ha insistido en que se fiscalizaría precisamente a quienes se oponen al TLC. Pero si el animal tiene cuerpo de perro, cara de perro y ladra como perro, no por llamarlo cabra dejará de ser un perro. Si la APCI quiere despejar dudas, el asunto es sumamente simple: basta con que haga público su plan de actividades y fiscalizaciones del año, con los criterios y formas bajo los cuales selecciona a quienes deben ser fiscalizados. Tal vez no sea conveniente establecer de antemano y en forma pública quiénes deben ser fiscalizados, pero la determinación bajo criterios objetivos de quienes lo serán sí debe constar en los registros de la institución. Salvo que se trate de un organismo que, careciendo de la transparencia y planificación más elemental, decida cada semana y cada día según el ánimo o la calentura de su jefe a quién fiscalizar, muy al estilo de Luis XIV.
En el caso de ForoSalud, institución que yo presido, hemos indicado públicamente que no somos ni pretendemos ser una ONG. No hemos pedido ni tramitado fondos públicos o cooperación técnica internacional a través del estado peruano. Somos un organismo privado sin fines de lucro, y hemos afirmado públicamente que nuestras cuentas están abiertas a cualquiera de nuestros socios que las quiera revisar. Quien no la debe no la teme. Pero quien debe ser fiscalizada es la APCI, que si hacemos caso de las declaraciones de su Director Ejecutivo, se está manejando sin los criterios elementales de la gestión pública. Ante semejante confesión de prueba, la Contraloría de la República debería investigar y establecer los correctivos correspondientes.