Peru Election 2006

Maxwell A. Cameron
March 8, 2006
With the election just over a month away, the delays caused by the various legal disputes over who is eligible to run are threatening the electoral calendar.
The National Office of Electoral Processes (ONPE) insists that it cannot begin to print the ballots for the April 9 election until the National Election Board (JNE) finalizes the list of candidates. The JNE claims that they have sent complete lists for 17 of 25 registered electoral groups, but the ONPE says that this information is neither official (it did not come with the official JNE seal) nor can it be used because the printing presses cannot be stopped and started without adding to the cost of production. The total time it will take to print all the ballots is 15 days. The first set of ballots to be distributed are those that go abroad, and these should be ready to go by March 16.
ONPE points out that there are still potentially legal actions pending. The JNE has eliminated 35 candidates from the various lists. One electoral group–Concertacion Decentralista, led by Susana Villaran–is planning on challenging the decision by the JNE to reject 10 of its congressional candidates. They are preparing to take the issue to the Constitutional Tribunal. One of the eliminated candidates on Villaran’s list is Manuel Dammert, who has held legislative office before. He is a heavy-weight in her slate, and his elimination is a serious blow. He has been eliminated because he did not present documentation that he is on unpaid leave of absence from his teaching job. The law says that public officials have to present evidence they are on unpaid leave, but the JNE is interpreting this to mean universities as well. A spokesperson for Concertacion Decentralista says this is contrary to the law. Moreover, as we have reported previously, the JNE decided to require that candidates provide documentation to this effect in a decision published on February 3, only 5 days before the deadline to register.
The deeper background to this issue is that the ONPE is the body that organizes the elections, and the JNE is the legal authority that resolves disputes arising from the election process. In Peru, these two bodies are separate but have had difficulty coordinating.
For its part, the ONPE is also coming under scrutiny for its apparent inability to enforce party finance rules. 27 of 29 of the nation’s political parties have provided information concerning their financing, and this information will be made public on Friday. The ONPE can use this information to inquire about the sources of funding but it has little enforcement ability. Unless donations come from sources with a legal record, there is little the ONPE can do to verify the accuracy of the information provided by the parties.

ONPE todavía no iniciará impresión de cédulas
El Comercio
8 de marzo del 2006

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que hoy, miércoles, no comenzará la impresión de material electoral, como estaba previsto, debido a que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no ha cumplido con entregar la lista completa de los candidatos al Congreso de la República.
A través de una nota de prensa, la ONPE precisó que la Ley Orgánica de Elecciones (LOE) señala que “al mismo tiempo que la impresión de la cédula, la ONPE dispone la impresión de carteles que contengan las relaciones de todas las fórmulas y listas de candidatos, opciones de referéndum y motivos del proceso electoral”.
Agrega que para la impresión de la cédula se necesita la información oficial de las organizaciones políticas que participan en la contienda electoral y, en el caso de los carteles de candidatos, se requiere las listas con los nombres de todos los postulantes que se encuentran aptos.
La ONPE indica que esta información debe entregársela el JNE, pero que hasta ahora dicha entidad solo ha hecho entrega de la relación de agrupaciones políticas que participan en la elección presidencial y las listas admitidas a trámite para el Parlamento Andino.
Respecto a la elección para congresistas, el JNE ha entregado solo los nombres de las organizaciones políticas que participan en 17 de las 25 circunscripciones electorales a nivel nacional y ninguna lista definitiva con los nombres de los candidatos.
Al respecto, el gerente de Planificación y Desarrollo Electoral de la ONPE, Carlos Loyola Escajadillo, confirmó que la información de las organizaciones que se disputan escaños en el Congreso, carece de los sellos del JNE, por lo tanto, “mientras no haya una aclaración al respecto por parte de esta entidad electoral, no puede ser considerada como oficial”.
Candidatos de Concertación Descentralista en vigilia por resolución del JNE
El Comercio
8 de marzo del 2006
Los candidatos al Congreso por Concertación Descentralista, Manuel Dammert, David Córdova y Alfredo Oriondo, se encuentran desde horas de la tarde del martes en una vigilia de ayuno voluntario ante la sede del JNE, en protesta por la resolución de la máxima entidad electoral, que prohibe la postulación de diez candidatos de dicha agrupación.
Los tres candidatos afirmaron que mantendrán esta medida de fuerza hasta que la situación se resuelva. A ellos se le sumarán más candidatos de la lista parlamentaria, así como simpatizantes.
Mientras tanto, en conferencia de prensa Concertación Descentralista, que lidera Susana Villarán, anunció que apelará la decisión del JNE y recurrirá al Tribunal Constitucional para que vea su caso.

JNE sacó de carrera a 35 candidatos al Congreso
Peru.21
8 de marzo de 2006, p. 7
El Jurado Nacional de Elecciones revocó ayer las resoluciones de los Jurados Electorales Especiales que sacaban de carrera a poco más de una veintena de candidatos al Congreso, pero ratificó las tachas contra otros 35, para quienes el proceso electoral llegó a su fin anticipadamente.
Las organizaciones políticas que más bajas sufrieron con los fallos inapelables del JNE son Alianza Para el Progreso, que lleva como candidato presidencial a Natale Amprimo, con 11 candidatos tachados, y Concertación Descentralista, de Susana Villarán, con 10.
En su gran mayoría, los postulantes sacados de carrera no han tenido figuración en la vida política del país. La excepción, hasta ayer, era el ex diputado Manuel Dammert Ego Aguirre, separado de la contienda electoral por no haber adjuntado a su inscripción la licencia sin goce de haber por ser funcionario público.
Dentro de los argumentos que sustentan sus resoluciones, el JNE menciona, en algunos casos, que los candidatos consignaron información falsa o errónea en sus hojas de vida, lo que los descalifica.
DIFERENTE VARA. Los fallos del JNE generaron reacciones en contra, sobre todo en la alianza Concertación Descentralista. Gustavo Guerra García, candidato por dicha agrupación, señaló que el Jurado no ha medido con la misma vara las apelaciones de los postulantes tachados por los Jurados Especiales.
Explicó, por ejemplo, que hasta el día 3 del presente mes se consideró como criterio válido para la subsanación la presentación del recurso de apelación y los documentos que demuestran que se cumplió con los requisitos previstos, pero que luego ha rechazado dichos documentos.
Dijo también que el JNE considera a los docentes universitarios como trabajadores públicos, criterio que se contradice con lo dispuesto por la Ley Universitaria.
Alertó que estas resoluciones violan la garantía al debido proceso y convierten al JNE en juez y parte.
La ONPE no fiscaliza los aportes a partidos
Por Noelia Pacheco
Peru.21
8 de marzo de 2006, p. 8.
Cumpliendo el mandato de la ley electoral vigente, ayer 27 partidos políticos entregaron a la ONPE información acerca de los aportes de campaña recibidos en el período que va desde el 9 de diciembre de 2005 hasta el 28 de febrero último.
En esta oportunidad se debía precisar el volumen de donaciones recibidas en efectivo, en especies y la identidad de los donantes, así como el aporte de sus propios candidatos. Asimismo, los ingresos provenientes de actividades de campaña, de la venta y alquileres de bienes, y sus deudas. Solo el FIM de Fernando Olivera y el PS de Javier Diez Canseco no entregaron sus documentos.
Sin embargo, fiscalizar la veracidad de esta información es casi imposible.
Analizando la data entregada anteriormente, partamos de un caso concreto: Isaac Guzmán Guzmán, candidato con el número uno de Renacimiento Andino por Junín, entregó S/. 10,500 -entre agosto y noviembre de 2005-, según reportó la ONPE. Esto no sería extraño si no fuera porque el propio Alfonso Chan León, gerente de Supervisión de Fondos Partidarios de ese organismo, afirmó a Perú.21 que existe una incongruencia en el aporte de Guzmán.
“Se le ha llamado por teléfono porque él vive en Pisco, y su donación viene de un comité ubicado en Satipo (Junín). Nos ha confirmado que se trata de un aporte personal, y aseguró que justificaría la procedencia del mismo, pero aún no recibimos nada”, dijo.
El tesorero de Renacimiento Andino, Antonio Astete Bolívar, aseguró a este diario que Guzmán “es un empresario importante” y que el monto “corresponde al aporte de quien ocupa el número uno de una lista departamental”. Sin embargo, no se comprometió a pedirle al candidato que justifique el origen de los fondos donados porque no lo podía obligar.
IGUAL QUE ANTES. Alfonso Chan reconoce además que, si un donante de cualquier partido decidiera no responder a las misivas de la ONPE, donde le soliciten una justificación de las fuentes de sus aportes, no ocurriría nada. “El caso quedaría como una confirmación en suspenso. No vamos a catalogar si la procedencia del dinero es buena o mala”, sostuvo.
A pesar del convenio que firmó la ONPE con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la PCM, esta tampoco fiscaliza a los donantes dudosos, pues lo que hace la UIF es verificar si los donantes de cantidades que exceden los S/.5,000 aparecen en su base de datos con antecedentes en la generación de fondos ilegales. Chan recalcó que si no existen estos antecedentes no se profundiza el control de los contribuyentes sospechosos. Así estamos.
DE AQUÍ AL 2007. Según la normativa vigente, la ONPE está prohibida de iniciar una auditoría a los partidos mientras no se presenten los balances anuales de los mismos. “La ley dice que el balance del 31 de diciembre de 2005 se presenta, a más tardar, en junio de 2006. Luego, la ONPE tiene ocho meses para evaluar si los montos aportados son válidos. Es decir, el proceso culminaría en el 2007; por eso estamos buscando un mecanismo para realizar algún tipo de control”, explicó Chan. De seguir así, quizás nunca se sepa si el financiamiento en estas elecciones fue del todo limpio.