Peru Election 2006

Eduardo Garibotto of the Unión por el Perú (UPP) alleged that Jaime Brossard has been working with APRA as a national vote scrutinizer. He was part of the National Office of Electoral Processes (ONPE) under José Portillo, the Fujimori official responsible for the fraudulent elections of 2000. Brossard is a computer specialist, and he was singled out by congress for responsibility in adulterating the vote count.
En conferencia de prensa el vocero de Unión por el Perú, Eduardo Garibotto, anunció que el partido aprista peruano nombró anoche como personero técnico nacional a Jaime Brossard. Brossard fué gerente de informática de la ONPE bajo José Portillo en el 2000. El 4 de julio de ese mismo año Brossard fué hallado responsable de adulteración de votos preferenciales, según el informe de la Mayoría del Congreso peruano que investigó el caso.

En ese sentido, pidió calma al aspirante presidencial: ONPE pide a Ollanta Humala pruebas de posible fraude
CPN RADIO, 04 de junio del 2006 – Ultima actualización 15:34
La jefa de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Magdalena Chú, hizo un llamado a la calma al candidato presidencial de Unión Por el Perú (UPP), Ollanta Humala quien insiste en su hipótesis de un posible fraude electoral, por lo cual le pidió que exhiba las pruebas si él percibe que se podría producir un anforazo.
“Si él (Humala) percibe que hay un fraude electoral tendría que mostrar las pruebas de lo que habla ante los organismos correspondientes. Tenemos al Ministerio Público, tenemos al Jurado Nacional de Elecciones”, comentó Chú Villanueva.
Reiteró a la ciudadanía que está garantizada la total transparencia del proceso electoral. Recordó que luego del cierre de mesas de sufragio a las 16.00 horas, podrán estar presentes los personeros de UPP y del Apra. “Ellos van a defender sus votos en mesa”, acotó.
En otro momento, Magdalena Chú manifestó no tener conocimiento del cambio, supuestamente a último momento, del personero técnico del Apra para colocar a Jaime Brossar Castillo como denunció Unión Por el Perú. “Yo no recibo a los personeros políticos”, apuntó.
La ONPE usó un software clandestino. Deconstruyendo el fraude electoral
Escribe María Isabel Torres / agenciaperu.com
AgenciaPeru.com, 12 de agosto del 2001
A un año de realizadas las elecciones que permitieron la re-reelección de Fujimori, es prácticamente innegable que estás fueron fraudulentas. Aunque ya se ha comprobado cómo medios de comunicación, entidades gubernamentales y funcionarios públicos conspiraron para asegurar el fraude, no todo se ha dicho sobre el papel de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Las constantes fallas del programa de cómputo, la compra de votos, la inconsistencia de las cifras presentadas y la desinformación que rodeo el proceso son las principales razones que colocan a la ONPE en el banquillo de los acusados.
Sábado 8 de abril del 2000, alrededor de la media noche. A menos de 24 horas del proceso electoral, el software que debía garantizar el ingreso y transmisión de los votos emitidos no funcionaba adecuadamente. Una reunión de emergencia entre el representante de la OEA, Eduardo Stein, el jefe de la ONPE, José Portillo Campbell y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Alipio Montes de Oca, debía decidir el futuro del proceso electoral.
“El resultado que conocimos de esta reunión, es que los representantes de ONPE pedían un plazo hasta el mismo día de las elecciones, para recién demostrar que se habían corregido todos los problemas”, cuenta Fernando Barraza, personero técnico en ese entonces de Somos Perú.
Al día siguiente, mientras miles de peruanos concurrían a votar, un último simulacro se llevaba a cabo. Las fallas fueron arregladas y el visto bueno fue dado, sin embargo, las condiciones para un proceso electoral transparente nunca fueron una realidad.
IRREGULARIDADES S.A.
Las irregularidades denunciadas por los personeros políticos y los observadores nacionales e internacionales fueron creciendo a medida que las elecciones se aproximaban y la evidencia de un fraude se hacía cada vez más palpable.
“La cantidad de irregularidades que hubo, en particular a la organización del proceso, la claridad de las reglas, el cumplimiento de los acuerdos, la transparencia de un proceso que fue clandestino en el cómputo, todo eso configuró un cuadro inaceptable que hizo que Transparencia se retirara de la segunda vuelta y poco después la OEA y los otros observadores”, comenta Rafael Roncagliolo, director de Transparencia, una de las principales instituciones encargadas de velar por la limpieza de las elecciones.
Según un informe presentado por esta institución, el mismo 9 de abril, día de las elecciones, muchos de sus observadores fueron impedidos de ingresar a los centros de votación, las líneas telefónicas por las que ellos transmitían sus datos fueron interferidas con llamadas obscenas, la energía les fue cortada y sufrieron el ataque de 4 virus informáticos en su sistema.
Por otro lado, la situación de los personeros de los partidos políticos de oposición también era incierta.
“Si no hubiera sido por la intervención de la OEA, los personeros jamás habríamos tenido contacto con la ONPE. En la primera reunión, se nos explica una serie de procedimientos incluyendo algunos elementos del sistema. Pero cuando los personeros comenzamos a pedir información sobre las medidas de seguridad adoptadas, sobre las personas que tenían acceso a los sistemas de información y quiénes eran los que desarrollaron los softwares, nunca recibimos respuesta formal”, agrega Fernando Barraza, personero técnico de Somos Perú.
No obstante, las irregularidades más graves ocurrieron al interior de las propias sedes de cómputo instaladas por ONPE en todo el país. De acuerdo a Transparencia, una de las faltas más alarmantes fue la total ausencia de vigilancia sobre el cómputo oficial.
PROGRAMA PARCHADO
Uno de los principales motivos de queja durante el proceso electoral, fueron las serias deficiencias de un programa de cómputo que fue “corregido” sobre la marcha y que recibió varias actualizaciones durante el conteo de los votos. De acuerdo a los personeros técnicos de Perú Posible y Somos Perú, la ONPE nunca les informó que estas modificaciones se estaban produciendo.
“No tuvimos conocimiento de modificaciones posteriores, pero nos dimos cuenta de que probablemente debían haber variaciones en el software. En el caso de Somos Perú fue muy dramático. Con casi el 80% de votos para el Congreso, recogimos al día siguiente un avance de 3% adicional. Con eso a Somos Perú le restan alrededor de 20 mil votos. Por simple lógica es imposible que a mayor número de actas procesadas se puedan restar votos” refiere Barraza.
Las actualizaciones llegaban vía Internet y los encargados de cómputo debían instalarlas sin contar con notificaciones escritas que así lo ordenaran. Pero al ser éstas instaladas provocaban una serie de alteraciones en los resultados consignados hasta ese momento.
De acuerdo a un oficio mandado por uno de los encargados de cómputo a Jaime Brossard, gerente de informática de la ONPE en esa época, al aplicar uno de estos parches, sus resultados parciales sufrieron alteraciones en los votos asignados a los candidatos. La explicación dada por ONPE fue que “el parche anterior sumaba los votos con actas con error material y que este nuevo programa no los contabilizaba”.
Teniendo en cuenta este problema, el encargado de cómputo resolvió, “Sólo me queda expresar mi total decepción por el personal de programación y esperar que se resuelva algo de lo que está sucediendo a nivel de todos los encargados de cómputo. De mi parte, ya no pienso realizar ninguna actualización del software hasta que se termine el 100% de resultados”.
SIN SEGURIDAD
No fue esta la principal irregularidad referida al programa de cómputo. La más grave estuvo relacionado al quiebre de la seguridad en el ingreso de las actas electorales durante el proceso de digitación.
Las actas eran “lotizadas”, lo que significaba que eran asignadas a un digitador determinado, el cual contaba con una clave secreta que sólo le permitía tener acceso a ese grupo de actas. Una vez que éstas era ingresada por ese usuario, volvían a ser digitadas por un verificador. Si ambos ingresos coincidían los votos eran sumados al conteo general. Cuando esto no sucedía, el acta era transferida a un corrector. Aquí surgió el problema.
De acuerdo a los manuales entregados por la ONPE a los personeros, el corrector sólo podía tener acceso a los datos en los que no había existido concordancia entre la digitación y la verificación. En la práctica esto no sucedió, ya que el corrector tuvo la potestad de cambiar todo el acta.
Según Jaime Brossard, esta modificación tenía como objetivo un mayor control de los datos, ya que si se habían generado errores de omisión éstos no hubieran sido detectados.
Las demoras en la estación de corrección llevaron a la ONPE a medidas más drásticas. Una de sus modificaciones permitió que varios usuarios tuvieran la facultad de convertirse en correctores compartiendo su clave secreta. Esta opción también fue tomada cuando llegaron a los centros de cómputo turnos de amanecida, a los que se les dio las claves de los digitadores de la mañana para que tuvieran acceso al lote de actas que se les había asignado. De esta manera, no había control sobre el que verdaderamente modificaba los resultados.
Fue en esa etapa de corrección donde varios candidatos para el Congreso consiguieron votos fraudulentamente, hechos que fueron denunciados por el propio Jurado Nacional de Elecciones y que se encuentran siendo investigados desde hace un año por el Poder Judicial sin resultados concretos.
NotiAprodeh
Número de Acceso: 2001-06156. Fecha Publicación: 22/12/2001
El fiscal anticorrupción OSCAR ZEVALLOS aseguró que existen suficientes indicios para afirmar que hubo interceptación telefónica en la sede central de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, debido a que se sospecha de la sobredimensionada capacidad de procesamiento de datos (L). Un informe técnico de la ONPE señala que los equipos de cómputo que compró el ex jefe de la ONPE, JOSE PORTILLO, tienen un sofisticado sistema de reconocimiento de voz que le permite realizar interceptaciones telefónicas (LR). FARID MATUK, autor de dicho informe, afirma que son los equipos más potentes que hay en el país. Mientras que JAIME BROSSARD, gerente de información en la época de PORTILLO, dijo que era el equipamiento necesario en época electoral (La Republica, 22 de diciembre del 2001).
Asegura que investigación corresponde a Congreso y Contraloría. Tuesta: JNE debe explicar por qué se contrató a empresa fujimorista
agenciaperu.com, 5 de noviembre del 2002
El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fernando Tuesta Soldevilla, señaló que es necesario que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) brinde explicaciones sobre el contrató a una empresa vinculada al régimen fujimorista, para fiscalizar los centros de cómputo de su institución.
Asimismo, Tuesta sostuvo que le corresponde al Congreso y a la Contraloría investigar la denuncia sobre que la empresa INDRA SISTEMAS S.A. que suscribió un contrato de servicios para la fiscalización del software y del cómputo de los resultados de las próximas elecciones.
INDRA guardaría relación con ETICA DEL PERU, empresa donde labora Jaime Alejandro Brossard Castillo, quien fue gerente de Informática cuando José Portillo era jefe de la ONPE, y a quien se vincula con el fraude electoral del 2000 a favor de Fujimori.
“Me parece extraño que una persona que trabajó en la anterior gestión intente ingresar a desarrollar una labor en la ONPE”, señaló Tuesta Soldevilla, a la vez que afirmó que “nadie puede alterar o modificar el trabajo del centro de cómputo pero, esto crea un clima de inestabilidad en el proceso electoral”.
El jefe de la ONPE señaló, además, que INDRA fue contratada por el JNE a pesar de su elevado costo, unos tres millones de soles. Además, la labor de fiscalización del cómputo electoral costará siete millones de soles.
“Nos llama la atención que se invierta tanto en una empresa como esta cuando nosotros tenemos varios técnicos a los que remitimos información permanentemente”, indicó.
Finalmente, Fernando Tuesta informó que su administración retiró a varios trabajadores que laboraron durante el régimen de Fujimori, pues esta era una demanda del pueblo.