Peru Election 2006

Maxwell A. Cameron
February 11, 2006
One criticism of Lourdes Flores is that she tends to adopt positions that reflect a technocratic world view, rather than a more political one. Thus, for example, in a recent meeting with the foreign press, Flores insisted that she would respect all contracts with foreign investors. Valentín Paniagua, of the Frente de Centro had just proposed a modification to the contract to exploit natural gas of Camisea. You might say that Flores’ position was that of the good technocrat, while Paniagua’s position was that of a good politician. Which ever view you support, there is a clear difference.
Something of the same technocratic instinct seems to be behind Flores’ surprising defense of the decision by the Peruvian executive to pay 20 million Soles (about US $6 million) to Baruch Ivcher in recompense for the expropriation of his television station during the Fujimori government. Her position was based on technical grounds: this was money the state owed due to arbitrary actions committed in the past. Other candidates have been a bit more cautious, emphasizing the lack of transparency and equity in this payment. In a country where minimum wage is about US $150 per month, one would expect all the candidates to think about the optics of making a payment of $6 million to a well-connected and influential businessman.

Lourdes defiende indemnización y PPK miente sobre pago a Ivcher
La Republica
11 de Febrero del 2006, p. 3.
Si bien era previsible que integrantes del Ejecutivo salieran a defender la legalidad de la indemnización de más de 20 millones de soles que recibió Baruch Ivcher del Estado por la expropiación de su canal durante el fujimorismo, nadie imaginó que Lourdes Flores Nano se apresuraría en respaldar la cuestionada decisión.
Desde Ica, la lideresa de Unidad Nacional indicó que el pago a Ivcher “era un tema pendiente de resolver” desde hace tiempo.
“Este es un viejo proceso… es evidente que Ivcher y Canal 2 sufrieron un perjuicio con la arbitrariedad que se cometió algunos años, cuando se le privó de la nacionalidad peruana y se le quitó la administración del medio de comunicación”, dijo Lourdes.
En la misma sintonía, el jefe del gabinete Pedro Pablo Kuczynski justificó la abultada compensación económica a Ivcher, aunque terminó ofreciendo un dato falso.
PPK dijo que el fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de Ivcher determinó una compensación económica del orden de 120 millones de soles. Sin embargo, esto no es cierto. El tribunal supranacional dispuso únicamente el pago de 70 mil dólares y ordenó que ambas partes –el Estado e Ivcher– acordaran el monto correspondiente al “daño material” por la usurpación de su canal.
El jefe del gabinete no tardó en descartar que el Gobierno haya recibido algún tipo de presión para proceder con el pago. Aclaró que este caso formó parte de un paquete de 21 pagos que el Estado realizó a consecuencia de fallos emitidos por la CIDH desde el año 2001. No supo explicar, sin embargo, por qué no se publicitó el pago de la indemnización a Ivcher, que es la más alta de todas las compensaciones económicas entregadas. Ello a pesar de que tanto el Ejecutivo como Ivcher dieron a conocer el acuerdo económico al que habían llegado en julio del 2005, luego de dos años de negociación en un tribunal arbitral.
Precisamente el ministro de Justicia Alejandro Tudela se explayó ayer sobre el procedimiento seguido para indemnizar a Ivcher.
Explicó que –siguiendo la recomendación de la CIDH– el tribunal arbitral determinó la cifra de 20 millones. Sostuvo que este monto representa casi la octava parte de los 158 millones de soles a los que aspiraba el empresario.
Haciendo mea culpa, Tudela tuvo que reconocer que fue un error que el pago de la indemnización no se haya hecho público en su momento.
Más reacciones del Caso Ivcher
Cecilia Blume. Asesora de PPK:
“El Perú no puede dedicarse al perro muerto. Acá no hay nada que tenga que ver con el señor Hildebrandt”.
Valentín Paniagua. Candidato del Frente de Centro:
“Si esta información se hubiera publicado en el portal estatal, esto se habría conocido en diciembre”.
Luis Iberico. Congresista del FIM:
“Un tema que ha sido público e histórico no ha sido manejado de manera pública y transparente”.
Hugo Garavito. Dirigente de Perú Posible:
“Con este pago, el Gobierno cumplió con una indemnización que se había programado el año pasado”.
Renegociación de los contratos es cosa de todos los días
Humberto Campodónico.
La Republica
12 de febrero del 2006.
En los últimos días, se ha generado una polémica acerca de la renegociación de contratos con empresas extranjeras. El presidente Toledo se ha manifestado en contra porque “hay que garantizar la estabilidad jurídica”, pero el ministro de Energía y Minas, así como varios candidatos presidenciales, han opinado a favor.
Por ello, es importante conocer la historia reciente sobre el tema. Y lo que dicen los hechos es que los Convenios de Estabilidad Jurídica (CEJ) no tienen nada de ‘santos’ ni de inamovibles, pues han sido modificados muchas veces en los últimos 10 años, siempre a pedido de las empresas (una de las partes) y nunca a pedido del Estado, que es la parte que garantiza la estabilidad jurídica.
Eso es lo que establece la Sunat en el informe “Estimación del Efecto de los Convenios de Estabilidad Jurídica sobre la recaudación”, setiembre del 2002 (www.sunat.gob.pe). Dice la Sunat que de los 257 CEJ firmados de 1993 al 2002, solo 175 corresponden a convenios originales, mientras que los 82 restantes son convenios modificatorios (Addendums) de los convenios originales.
Dos empresas han renegociado 5 veces su CEJ (Lucchetti y Falabella). Una empresa lo hizo 4 veces (Tele 2000, de Genaro Delgado Parker, antes de venderla a Bell South). Dos empresas (Kimberly Clark y Mobil Oil) lo han modificado 3 veces. Catorce (14) empresas los modificaron 2 veces (Tintaya, Phelps Dodge, Edegel, CHS Promark, Inversiones Comosa, Graña y Montero, UIH Perú, Cinemark del Perú, Banco Santander Central Hispano, Consorcio Transmantaro, Bell South, TISUR –Matarani y Transportadora de Gas del Perú). 38 empresas los han modificado una vez.
Algunos Addendums consignan modificaciones simples, tales como aumentos o disminuciones del capital accionario. También autorizan la transferencia de derechos, en casos en que las empresas se han fusionado o escindido. Lo mismo en los casos en los que una nueva empresa adquiere (compra) a una empresa que tenía un CEJ. En otros casos hay modificaciones más importantes, como Telefónica en 1998, donde se renegoció el contrato firmado. O también, el contrato con Lima Airport Partners, del Aeropuerto Jorge Chávez, que ya lleva 4 modificaciones al contrato firmado en el 2001.
Lo dicho no cuestiona la conveniencia o no de firmar los CEJ, pues éstos no son buenos ni malos per se. Todo depende de lo que allí se incluya y, también de los cambios ocurridos en el desarrollo del negocio, que modifiquen las circunstancias y el equilibrio económico establecido en el momento del contrato. Que ha sido la razón esgrimida por las empresas para renegociar los contratos, lo que no tiene por qué asustar a nadie.
La última renegociación conocida es la que establece el DS-050-EM de diciembre del 2005, donde se “autoriza a Perupetro la negociación y concertación de una cláusula modificatoria del Contrato Licencia del Lote 88” para posibilitar la exportación de gas. También la minera Doe Run quiere modificar el contrato de 1997 para que su Programa de Inversiones Ambientales no concluya en el 2007, sino que sea prorrogado hasta el 2011, con el consecuente daño a los niños que sufren de plomo en la sangre por la contaminación producida por la empresa.
Pero cuando se plantea que el gobierno proceda a renegociar un contrato, los sectores ligados a las empresas –y hasta nuestro propio Presidente, con vehemencia digna de mejor causa- los denuncian inmediatamente como “un cambio en las reglas de juego” que van a “desalentar la inversión”. Nada más lejos de la verdad, pues, como hemos visto, las renegociaciones de estos convenios han sido pan de casi todos los días.
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