El Comercio: Entrevista al ex procurador Ad hoc, Antonio Maldonado
El ex procurador Ad hoc, Antonio Maldonado, quien durante su gestión se entregaron los cuadernillos de extradición de Alberto Fujimori a Chile, manifestó en una entrevista al diario El Comercio, que el Poder Judicial peruano “está en condiciones de dar un juicio justo” al ex presidente.
“Poder Judicial sí está en condiciones de dar un juicio justo a Fujimori”
Entrevista Antonio Maldonado
El Comercio, 25 de octubre del 207. 0Por Ítalo Sifuentes Alemán
En el 2006, durante su gestión, se entregaron los cuadernillos de extradición a Chile y, al cabo de todo este tiempo, la Corte Suprema de ese país resolvió, hace un mes, extraditar a Alberto Fujimori para que sea juzgado por delitos como violación de derechos humanos. Ahora se espera que el Poder Judicial actúe con el respeto al debido proceso. ¿Cree que los jueces estarán en condiciones de conducir un juicio justo?
El 3 de enero del 2006 el entonces embajador en ese país José Antonio Meier y yo le entregamos la solicitud de extradición del Estado Peruano, que comprendía 12 cuadernillos, al entonces canciller Ignacio Walker. Viajamos en un avión del Estado en el que llevamos los miles de folios que formaban parte de los cuadernillos. Ahora, considero que el Poder Judicial peruano sí está en condiciones de dar un juicio justo, pues este ha sufrido en carne propia lo que significa el avasallamiento de sus instituciones. En cuanto al Ministerio Público, sus estándares son de autonomía y eficiencia y los estándares de la defensa del procesado Fujimori son de hacer lo más cabal y eficiente posible para su causa. No va a ser fácil para ambos sectores cumplir con su papel, por eso es un gran desafío histórico.
El abogado de Fujimori, César Nakazaki, señala que persigue diversos objetivos para afrontar los procesos contra el ex presidente. En el caso del allanamiento de la casa de Trinidad Becerra contempla que se le dé al ex presidente una sentencia menor a los cuatro años de pérdida de la libertad. ¿Puesto que no hay cárcel por una condena tan baja, cabe que los jueces resuelvan que Fujimori sea liberado mientras afronta sus demás juicios?
No creo en esa posibilidad porque hay otras imputaciones penales más graves en su contra, como los casos de Barrios Altos y La Cantuta. Si bien es cierto que la pena que se le podría imponer es menor a cuatro años, en el Perú las penas no se acumulan sino que la pena menor se suma a la condena más alta. No dudo de que su defensa pedirá su libertad provisional.
Nakazaki señala que otro objetivo de su defensa es que Fujimori sea librado de los delitos de violación de los derechos humanos. También ha dicho que la sentencia que se pueda dar en este caso pone en juego sentar una jurisprudencia para juicios contra jefes del Estado acusados de cometer este tipo de delitos, como es el caso de la matanza de El Frontón ocurrida durante el primer gobierno del presidente Alan García.
Exactamente. El proceso contra Fujimori es históricamente importante porque el único antecedente análogo es el proceso que se siguió contra el presidente Augusto B. Leguía, quien fue condenado por actos de corrupción y murió en prisión. Pero nunca un ex jefe del Estado Peruano, y en este caso un dictador, ha sido procesado ni condenado por la presunta responsabilidad en la violación de derechos humanos. Por tanto, este también es un desafío para la defensa del extraditado, la cual va a tener que demostrar que Fujimori es inocente. De otro lado, existe la preocupación de quienes se han amparado en la tradicional impunidad de apreciar que esta sentencia sea una suerte de precedente judicial que impida la impunidad en otros casos de violación de derechos humanos, aquellos que hasta la fecha han quedado absolutamente impunes, como la masacre de los presos en El Frontón y otros similares. Esta es la oportunidad que va a permitir romper con el círculo vicioso de la impunidad en el Perú. La impunidad de crímenes de lesa humanidad y corrupción.
¿Estando en juego una condena a Fujimori por violación de derechos humanos, esa jurisprudencia podría influir en el caso del presidente García?
Sería un precedente judicial muy importante a favor de avanzar en la protección y el respeto de los derechos humanos y sobre todo contra la impunidad. En el Perú la impunidad caracteriza estos graves hechos. Los casos de la Comisión de la Verdad (CVR) están a duras penas investigados. Los presidentes y dictadores en el Perú han muerto en sus camas sin que nadie los molestara. Este es el momento a partir del cual la historia del Perú le pone a los jueces peruanos el gran desafío de romper con ese círculo vicioso de impunidad. Que esto pueda afectar a tal o cual gobernante, ese es otro tema, pero concretamente sí sería un gran precedente a favor de los derechos humanos.
Es conocida la posición de la procuraduría ad hoc sobre la culpabilidad de Fujimori, pero se ha separado al procurador Juan Carlos Portocarrero de seguir los juicios contra Fujimori por supuestamente carecer de solvencia moral para defender al Estado Peruano ¿Esta situación no hace que el Estado se presente en el proceso un poco debilitado?
La figura del procurador ad hoc surgió debido a una histórica y aún no superada debilidad del Estado Peruano para organizar equipos jurídicos de defensa de sus intereses. Lamentablemente, es por todos conocidos que los defensores del Estado Peruano han realizado muchas veces su trabajo de manera sacrificada y recibiendo contraprestaciones injustas por esa labor. Generalmente se ha caracterizado por una actuación ineficiente porque casi todos los juicios contra el Estado se pierden. Esta debilidad histórica estructural de la institución que lamentablemente no ha sido superada, se intentó revertir frente a casos tan complejos y difíciles como los que motivaron los procesos contra Fujimori y Montesinos y es por eso que, cuando se recobró la democracia, el entonces presidente Valentín Paniagua designó al primer procurador ad hoc, José Ugaz, luego vino Luis Vargas Valdivia y seguí yo. Creo que es de común aprecio en la comunidad que los tres procuradores actuamos bien, con eficiencia. Cada uno aportó en su gestión de manera específica. Ugaz en la recuperación del dinero que se llevó la corrupción, Vargas en la construcción de los procesos y creo que mi gestión se vio coronada por la extradición de Fujimori.
¿Y, entonces, cuál es la función del procurador Carlos Briceño, su sucesor?
Lamentablemente yo no aprecio que el procurador Briceño esté honrando esos estándares de actuación eficiente y de ejercicio riguroso de la defensa de los intereses del Estado. Creo que un procurador en esa posición debe ser bastante independiente, y en la procuraduría ad hoc no solo está el caso Fujimori sino muchos otros de los cuales no se ha vuelto a saber nada. A mi modo de ver, le ha disminuido el nivel de intervención de la procuraduría y prácticamente es un órgano inexistente. Creo que la defensa del Estado en la actual presidencia del Consejo de Defensa del Estado no es la más idónea ni apropiada.
¿Se refiere a la gestión de Moisés Tambini?
Exactamente. Creo que en el proceso de extradición de Fujimori guardó escrupuloso silencio, cuando pudo hacer un informe jurídico, como hizo el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Católica, aglutinando las opiniones de ex procuradores, entre ellas la mía, que criticaban el fallo del juez Orlando Álvarez por haber rechazado en primera instancia la extradición de Fujimori. Una cosa similar pudo haber hecho él, pero guardó escrupuloso silencio, jamás escuché una sola palabra a favor de la extradición.
Dijeron que no se quería politizar el tema de la extradición.
Eso no lo comparto. Una cosa es no querer politizar el tema y eso es hasta justificado que lo sostenga el presidente de la República, pero no la defensa jurídica del Estado, en este caso por dos personajes que guardaron silencio como los señores Tambini y Briceño.
Sin embargo, en el tramo final García se pronunció a favor.
En el tramo final el presidente García se vio obligado a hacerlo, porque de no hacerlo ya habría sido para él bastante incómodo políticamente hablando. Y lo hizo de manera correcta. Cuando se advirtió una demora sospechosa por parte de los magistrados supremos de Chile fue el presidente García quien expresó su preocupación de manera pública. La respuesta que recibió no fue la más cortés y elegante que merecía recibir como jefe del Estado, pero eso lo hizo bien y hay que reconocerlo.
“Enfrento una persecución política a través del Poder Judicial”
Los fujimoristas han manifestado que arremeterán contra aquellos que acusaron a Fujimori de delitos que no se han podido probar. ¿A usted lo han denunciado por algún tipo de delito tras salir de la procuraduría ad hoc?
Los fujimoristas siempre sostuvieron que la solicitud de extradición jamás sería admitida porque estaba mal sustentada factual y jurídicamente. Los hechos no les han dado la razón porque el pedido estaba bien fundamentado.
¿Usted está afrontando algún tipo de denuncia?
Lamentablemente estoy enfrentando lo que yo considero que es una persecución política que se está llevando a cabo lamentablemente a través del Poder Judicial. Y es que hay una querella que me ha interpuesto un alto funcionario del Estado.
¿De quién está hablando?
Del congresista y primer vicepresidente de la República, Luis Giampetri, por la presunta comisión de los delitos de calumnia y difamación en su agravio. Esta querella, carece de fundamento y ni siquiera debió ser admitida, pero lo hizo un juez de apellido Catacora que ha sido separado del cargo. En su reemplazo fue nombrado un juez que estaba actuando con corrección. Cuando el señor Moisés Tambini, presidente del Consejo de Defensa del Estado, fue a verlo para presionarlo, el juez le exigió que se anotara en el libro de visitas, Tambini no lo hizo. Este juez fue sorpresivamente cambiado, y se ha puesto a otro juez, que me ha notificado que la sentencia se dará el 9 de noviembre a las 12:00, lo cual no significa adelanto de criterio; por lo tanto, la sentencia puede ser absolutoria, condenatoria u otra notificando a las partes procesales y a los acusados bajo apercibimiento de ser declarado reo contumaz de ser ese el caso. Me parece muy raro el contenido de la notificación. Lo que se pretende decir es que no denuncie ni haga escándalo público y que me deje condenar fácilmente. A mí no me van a amedrentar ni este juez ni ningún alto funcionario del Estado.
¿En qué consistió la supuesta difamación ?
Se trata de atribuirme una intención de haber lesionado su honor por una apreciación de carácter general dicha en el contexto de una entrevista que me hizo un periodista el 6 de octubre del año pasado. Una apreciación de carácter general que no tuvo la intención de herir ni lesionar la honra del señor vicepresidente, congresista y almirante en retiro, pero sobre todo en respeto a su condición de ciudadano. Fue una apreciación de carácter general.
¿Sobre qué tema?
Yo explicaba por qué había solicitado al Ministerio Público una solicitud de investigación preliminar respecto de presuntos hechos irregulares ocurridos en la Marina de Guerra del Perú. Una simple solicitud de investigación preliminar de un caso…
¿Ocurrido durante la gestión del señor Giampetri?
Que comprendió hechos que vincularon a varios miembros de la Marina que en primer lugar fueron investigados por el Congreso de la República y el señor contralor general de la República, quien al concluir sus investigaciones me las envió para que yo las valorara y tomara acción. Hice lo que me correspondía hacer.
¿A qué se refería la investigación de la contraloría?
A presuntas irregularidades en la adquisición de material de guerra para la Marina. No presenté una denuncia, presenté una solicitud de investigación preliminar para que el fiscal valorara si esta solicitud tenía sustento legal o no.
¿En caso fuera condenado por difamación apelará a alguna instancia?
En todas las instancias internas judiciales, el Tribunal Constitucional y si eso se agota voy a acudir ante órganos de protección internacional del sistema regional y universal de protección de los derechos humanos. Estoy hablando del Comité de Derechos Humanos y de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí el Estado Peruano será condenado por violación flagrante de derechos humanos.
Usted se declara inocente.
Absolutamente. Por una opinión hecha de la manera más respetuosa no se le puede procesar a una persona en ninguna parte civilizada del mundo.