APRA’s proposal to engage youth in politics
La ley del concejal joven
Alan García
La Republica, 16 de noviembre del 2005
Las últimas movilizaciones de la juventud en Europa y las protestas de la juventud norteamericana por las consecuencias de la Guerra en Irak, vuelven a plantear la cuestión de la legitimidad política de los sistemas democráticos que no incluyen las expectativas juveniles. En América Latina también hemos sido testigos de movilizaciones de miles de jóvenes por mejores condiciones de vida y mayores canales de realización personal. Para la juventud, el desengaño y la indiferencia ante la política son crecientes. Los jóvenes sienten que el país no les brinda lo necesario para ser ciudadanos. Entonces el desencanto los impulsa a la migración o a la frustración, y no pocas veces a la violencia. La película peruana Días de Santiago refleja bien la realidad de una juventud a la que el sistema cierra las puertas para ser ella misma, a pesar de amar a su patria.
La democracia representativa requiere nuevos mecanismos de participación que garanticen la gobernabilidad y la equidad social. Pero esta apertura debe ser mucho mayor para las juventudes, no sólo por su potencial, sino también por un sentido de compensación democrática. La juventud no está debidamente representada en la política, ni en el gobierno central ni en los gobiernos locales, que son el nivel de gobierno más cercano a la población, a la vida cotidiana, y donde su participación es minoritaria. Por ello propongo que el 25% de regidores sean menores de 29 años.
La municipalidad se ha constituido en una de las instituciones más enraizadas en la vida pública del Perú, tanto en los ámbitos rurales como en los urbanos, pues es la instancia de gobierno más inmediata al ciudadano y a su vida cotidiana. Por ello, el fortalecimiento de la democracia y la renovación de la política deben iniciarse desde los gobiernos locales. Ellos deben constituirse en escuelas de gobierno y en espacios de empoderamiento juvenil, convirtiendo los municipios en ámbitos de práctica de responsabilidad pública y de liderazgo social para las juventudes del Perú.
La población juvenil está subrepresentada en el sistema político. Su población electoral es de 6,120,000 jóvenes; es decir, el 37% del padrón electoral y el 35% del voto efectivo. En el Perú existen 194 municipalidades provinciales y 1634 municipalidades distritales, para las cuales se eligen además de los alcaldes 1652 regidores provinciales y 8574 regidores distritales, es decir, un total de 10,226. Sin embargo, de los regidores elegidos sólo 880 son jóvenes y de los 1828 alcaldes, solo 45 lo son. Es injusto mantener a la juventud excluida de tal manera.
Por ello proponemos a todos los partidos y movimientos independientes promover la participación de la juventud principalmente en las listas de candidatos a las regidurías provinciales y distritales. Ello significa renovar permanentemente la democracia incluyendo a 2500 regidores jóvenes del campo y de la ciudad en cada proceso municipal.
Debemos impulsar un conjunto de reformas para esta renovación de la clase política desde abajo. Y consideramos que modificando la Ley de Elecciones Municipales, se puede promover la participación juvenil proponiendo agregar al Artículo 10 (sobre Inscripción de listas de candidatos) una modificación para que los partidos, alianzas de partidos y movimientos incluyan un mínimo de 25% de jóvenes no mayores de 29 años; pero ubicados en orden alterno en todas las listas provinciales y distritales de dichas organizaciones políticas. Eso permitiría que por lo menos, 2,500 jóvenes pudieran ser concejales en todo el Perú y con ellos muchos miles más.
Y con ellos decenas de miles de ciudadanos jóvenes participarían.
¿Qué podemos lograr con esta iniciativa? Pues la renovación de los cuadros y la consolidación de la democracia local y por ende el fortalecimiento de la democracia representativa desde abajo. Además, incrementar la calidad de representación política dada la mejor capacitación y mayores componentes de creatividad en los jóvenes de hoy. Y, por último, una vigilancia joven sobre los municipios y el uso de los recursos públicos; vigilancia y control que, por ser joven, es más efectiva, transparente y necesaria.