Peru Election 2006

Increasingly analysts are calling attention to the danger of the “Colombianization” of Peru. The growth of drug cultivation and trafficking in Peru in recent years has not only provided the financial resources for a possible resurgence of the Shining Path, it has also put money into the political system that could well find its way into the election campaigns of some parties and candidates.

Ataques terroristas
Fernando Rospigliosi
Peru 21, 25 de diciembre del 2005
No cabe duda de que estas bandas terroristas son hoy día sicarios del narcotráfico. Los dos grupos que subsisten en la actualidad: el de ‘Artemio’ en el Alto Huallaga, y el de ‘Alipio’, en el VRAE.
Los ataques terroristas que en las últimas dos semanas han cobrado la vida de 13 policías se explican por el aumento del narcotráfico y la desidia del Estado en los últimos tiempos.
QUIÉNES SON. Los recientes embates del terrorismo tienen características comunes: 1) han ocurrido en zonas de sembríos ilegales de coca y narcotráfico; 2) los han realizado grupos armados de Sendero Luminoso que tienen muchos años operando en esas regiones y que nunca fueron exterminados; 3) las víctimas fueron policías que se desplazaban por carretera sin precauciones especiales.
En ambos lugares el narcotráfico tiene motivos de alarma. En el sur del valle del río Apurímac-Ene (VRAE), empezó a operar a mediados de noviembre la base antidrogas de Palmapampa. De inmediato empezó un programa de destrucción de pozas de maceración de pasta básica de cocaína, al cual se enfrentaron furibundos cocaleros que utilizan esas pozas.
En el Alto Huallaga en los últimos meses se han desarrollado intensos operativos de destrucción de pozas, erradicación de cultivos ilegales de coca y programas de desarrollo alternativo.
En esta región, hace algunas semanas, los terroristas secuestraron a una docena de trabajadores del programa de desarrollo alternativo y los amenazaron con matarlos si regresaban. Por supuesto, ellos no volverán más a un lugar donde el Estado no puede garantizarles su vida.
En la zona de Aguaytía, un poco más al sur, otro grupo terrorista amenazó a los campesinos que habían aprobado ingresar a los programas de desarrollo alternativo, abandonando los cultivos de coca. La orden de los senderistas es seguir sembrando coca.
SICARIOS DEL NARCOTRÁFICO. No cabe duda de que estas bandas terroristas son hoy día sicarios del narcotráfico. Los dos grupos que subsisten en la actualidad, el de ‘Artemio’ en el Alto Huallaga (unos 50 o 60 hombres) y el de ‘Alipio’ en el VRAE (entre 100 y 120 hombres), están afincados desde hace tres lustros o más en zonas de producción de droga.
Desde que Sendero Luminoso fue derrotado, a mediados de la década de 1990, estos grupos han deambulado en esas agrestes regiones. Paulatinamente han perdido la perspectiva que motivaba originalmente a los terroristas: tomar el poder por medio de la violencia.
Ese objetivo ya no existe. Sus principales líderes están presos o muertos y, a inicios del siglo XXI, con el comunismo casi extinto en el mundo, un movimiento subversivo como SL ya no es atractivo para nadie.
Pero esos grupos no fueron eliminados. Esa gente sobrevivió y solo sabe hacer lo que ahora hace. Algunos han pasado toda su vida adulta allí. Los cabecillas están identificados y vivirán el resto de sus días en prisión si son capturados.
Han encontrado entonces una nueva perspectiva. Seguir en el camino de la violencia, pero ahora al servicio del narcotráfico, que está volviendo a florecer en el Perú debido a los avances del Plan Colombia.
No es novedad que eso ocurra. Precisamente en Colombia, varios grupos subversivos mutaron también en bandas armadas que viven del tráfico de drogas.
Los senderistas siguen hablando con un discurso ‘revolucionario’ y lanzando proclamas políticas, pero eso solamente es retórica que encubre su actual naturaleza delincuencial.
Su objetivo específico ahora es demostrar que son una fuerza militar que puede impedir la acción del Estado en esas zonas cocaleras, y posibilitar el aumento de los sembríos de coca ilegal y de producción de pasta básica y de cocaína. Por esa criminal labor, reciben cupos de los narcotraficantes y de otras actividades lucrativas, como la tala ilegal.
¿CÓMO LLEGAMOS A ESTO? El gobierno de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos no pudo o no quiso acabar con esos remanentes del terrorismo. En 1999 Montesinos negoció la rendición del grupo de ‘Alipio’ y su enviado, el general Fournier, cayó en una trampa, en octubre de ese año, propiciando la mayor derrota del Ejército en la guerra antisubversiva. Un coronel, otros tres oficiales y varios soldados muertos, y un helicóptero destruido.
El gobierno de Alejandro Toledo se inició también con un incidente lamentable. El 7 de agosto de 2001, 4 policías fueron asesinados en la selva central. En ese caso se trató de una patrulla mixta de Dircote (policía antiterrorista) y Dirandro (policía antidrogas), que incursionó en la selva con el propósito de atacar una base senderista.
Esta operación, parte de un plan que se venía aplicando en años anteriores, tenía un aspecto positivo: la policía tomaba la iniciativa y se arriesgaba, con el objetivo de acabar con los terroristas.
Los errores fueron dos: 1) falta de inteligencia. No se sabía que en la base senderista que se atacaba había una reunión de mandos. El número de terroristas fuertemente armados era muy superior al que se pensaba encontrar. 2) Preparación. La Dircote es una unidad urbana y la Dirandro tiene algún entrenamiento, pero no el suficiente para ese tipo de operaciones.
El Ministerio del Interior tomó la amenaza terrorista como una de sus principales prioridades, y preparó un plan antisubversivo que fue aprobado en Consejo de Ministros en octubre de 2001. Consistía básicamente en lo siguiente:
l Se identificaron 52 distritos que reunían tres características: pobreza, accionar de grupos terroristas y presencia del narcotráfico. Allí debería focalizarse la acción del Estado. Se constituyeron 3 Comisionados para la Paz y el Desarrollo -Tingo María, Satipo y Ayacucho- para coordinar la acción del Estado.
l Se concertó con el Ejército la instalación de bases antisubversivas en lugares claves y la potenciación de otras que ya existían. Se propuso al Congreso una ley para ampliar de 8 a 30 días la posibilidad de acción de las FF.AA. sin necesidad de declarar estado de emergencia. Se extendió la región militar centro para unificar en un solo mando el Alto Huallaga y el VRAE.
l Se planificaron y desarrollaron operaciones policiales antisubversivas. Esta vez acciones helitransportadas, con tropas de Diroes (fuerzas especiales) y algunos miembros de Dircote. Pronto quedó en evidencia que los efectivos de Diroes capacitados en lucha de selva eran muy pocos y las demandas que recibía esa unidad para otro tipo de acciones (orden público, por ejemplo) eran muy altas. De modo que se programó la formación de un batallón antisubversivo, entrenado en la lucha en selva y dedicado exclusivamente a esa tarea.
l Se nombró como jefes de la Dircote en enero de 2002 al general Marco Miyashiro y al coronel Benedicto Jiménez, los antiguos miembros del GEIN que capturó a Abimael Guzmán, que estaban desperdiciados en tareas irrelevantes.
LOS OBSTÁCULOS. Esta política tuvo varios obstáculos:
l La falta de continuidad en el Ministerio del Interior. Los sucesivos cambios del equipo ministerial y de los mandos policiales impidieron persistir en la aplicación de la estrategia. En concreto, los amigos del presidente que ocuparon esos cargos se desentendieron del problema.
l El desinterés del presidente de la República y del gobierno. Alejandro Toledo sólo se ocupaba del problema cuando había algún incidente trágico. Daba un discurso, decía que iba a aplicar mano dura, prometía recursos para la Policía y a los pocos días se olvidaba del asunto. Jamás se proveyó a la Policía de los recursos indispensables para la lucha antisubversiva. Los tres millones de soles que se solicitaron para iniciar la preparación del batallón antisubversivo nunca fueron suministrados.
l La coordinación con el Ejército funcionó hasta cierto punto con el general Roberto Chiabra al frente de la región centro y luego como comandante general. Los militares aducían que no tenían recursos económicos ni efectivos suficientes para las bases antisubversivas. Si estas tienen pocos soldados, por lo general no patrullan y son casi inútiles. Cuando Chiabra dejó el mando efectivo, la coordinación se hizo más difícil todavía.
Las FF.AA., que han recuperado paulatinamente su autonomía, quieren negociar asuntos como los juicios a los militares por violaciones a los DD.HH. Si no se acepta lo que ellos quieren, se cruzan de brazos. Como el Gobierno ha abandonado la reforma militar por la incompetencia del presidente de la República, nadie puede obligarlos a hacer nada que ellos no quieren hacer.
l Finalmente, cuando tomaron el control del Ministerio del Interior Javier Reátegui y Félix Murazzo, las cosas terminaron de deteriorarse. Se abandonaron por completo las operaciones antisubversivas, que por lo menos mantenían a los terroristas a la defensiva. Los senderistas han tenido la tranquilidad y el tiempo para reagruparse, planificar y ejecutar nuevas acciones. Además, esa dupla pasó a retiro anticipadamente o cambió de colocación -por razones deleznables- a los pocos altos oficiales con experiencia en la lucha en selva, haciendo que la Policía pierda un valiosísimo capital humano.
OPCIONES. Algunos candidatos y expertos están ahora proponiendo volver al pasado. Hay los que quieren aplicar la estrategia del Ejército en 1989, que derrotó a SL pero costó miles de vidas, en una situación muy diferente.
Otros pretenden usar la oportunidad para negociar la impunidad de los militares procesados por DD.HH.
Algunos oficiales retirados buscan notoriedad para llegar al Congreso.
Los Humala quieren expandir los cultivos de coca, por tanto incrementar el narcotráfico y el terrorismo.
De este Gobierno es muy poco lo que se puede esperar. ¿Algún candidato asumirá seriamente el problema?
La bancada del Narcotrafico
Columna del Director, Juan Carlos Tafur
La Primera, 25 de diciembre del 2005
Hay un grupo empresarial surgido en los últimos cinco años en el Perú que puede ser decisivo en la jornada electoral. Su crecimiento económico ha sido tan impresionante que empalidece al de cualquiera de los grupos tradicionales, sean nacionales o extranjeros. Ha pasado de ser una actividad recolectora a ser una industria próspera y exportadora.
Y, lo es que más importante y peligroso, ha decidido defender sus intereses con todas las armas posibles, incluyendo la política y los poderes institucionales. Se trata del narcotráfico. Hace cinco años exportaba alrededor de 200 millones de dólares, hoy llega casi a los mil millones.
Hace un lustro era una actividad primaria que recolectaba hojas de coca, les daba un pequeño procesamiento y luego se las llevaba en aviones. Hoy fabrica cocaína de alta pureza y con absoluta impunidad la saca a altamar en barcos pesqueros declarados perdidos extrañamente y luego encontrados intactos a los pocos días.
Este grupo empresarial ya tiene una fuerza armada propia –Sendero Luminoso–, tiene una base social consolidada –más de cien mil personas vinculadas al cultivo de la materia prima–, posee un territorio liberado en el que opera por encima del Estado peruano y con sus propias leyes, y ya tiene corrompida a buena parte del tinglado policial y judicial. Sólo le falta constituir una sólida presencia política. Y a eso se va a dedicar, qué duda cabe, en las próximas semanas.
Con gran irresponsabilidad, el Congreso le limó los dientes a las regulaciones de control del financiamiento electoral de los partidos y sus respectivos candidatos. Muchos temen que se forme una bancada cocalera.
No se dan cuenta de que la amenaza mayor es que surja una bancada narcótica, financiada en sus campañas y sometida en sus lealtades a quienes hoy por hoy son una de las principales fuerzas económicas del país.
Es más que evidente que eso va a ocurrir. Porque no son capitalistas nacionales los que dirigen el negocio. Ellos no pasan de ser dealers. Los dueños de la pelota son colombianos y, especialmente, mexicanos, sabedores de que su negocio requiere para prosperar indefinidamente de un poder político capaz de refrenar cualquier intento serio del gobierno que sea por destruirlo.
Y el mayor peligro estriba en que, así como sucede con sus mercenarios senderistas, que no plantean una guerra franca y abierta, lo mismo sucederá con su bancada, que estará detrás de muchos membretes partidarios, oculta e imperceptible.
Narcoterrorismo: de la indolencia a una estrategia efectiva
El Comercio, 25 de diciembre del 2005
Necesitamos unidad y voluntad política para trazar una respuesta integral del Estado, que incluya punición, recompensas, mejores servicios de inteligencia y apoyo social focalizado
Los cruentos ataques terroristas de los últimos días en la selva, que han dejado más de diez policías muertos y varios heridos, ameritan una profunda evaluación de lo que está en curso en esa alejada y compleja zona. Trátese o no de grupúsculos, lo que se confirma son varias cosas.
Primero, que esta andanada de repudiables ataques se lanza justo cuando se inicia la campaña electoral. Ello no solo para afectar el proceso democrático, sino también para aparentar tener más fuerza de la que realmente tienen y propagandizarse como activistas ideológicos, de lo que en realidad hay muy poco.
Luego, se evidencia cada vez más la estrecha vinculación de estos grupúsculos senderistas con las mafias del narcotráfico, a las que protegen como vulgares mercenarios a sueldo. No es casual que el narcotráfico florezca impunemente en esas zonas, ni que los terroristas obliguen a la población a sembrar coca ilegal.
Esto es muy serio y debe llevar al Gobierno a asumir responsabilidad por no haber evitado estos atentados, más aún si existían informes de inteligencia que desde el mes pasado alertaban sobre dicha eventualidad. No se trata solo de bases antisubversivas abandonadas, sino de una actitud de indolencia y de mirar a otro lado en el más alto nivel, que debe llevar a deslindar responsabilidades políticas y operativas y sancionar culpables.
En tal sentido, debemos criticar severamente la falta de unidad del Gobierno en el asunto: cuando el jefe del Gabinete, Pedro Pablo Kuczynski, advirtió hace varios meses de rebrotes terroristas, se le calificó de alarmista y lanzador de cortinas de humo. Y ahora, cuando la realidad le da la razón, el inefable vicepresidente David Waisman vuelve al ataque contra él con argumentos tan payasescos como indignantes. El presidente Toledo tiene que poner orden y llamar a las cosas por su nombre, sin disculpar conductas tan irresponsables como la de Waisman, cuyo cargo le sigue quedando grande. Son estos oportunistas los que confunden las cosas y dificultan una respuesta orgánica y oportuna del Estado.
Eso es precisamente lo que se necesita ahora. La declaratoria del Estado de emergencia es una reacción rápida, pero aún insuficiente si no está engarzada en una estrategia integral anclada en varios flancos: el económico, para aumentar recursos; el operativo y represivo que implica una cooperación de todos los estamentos relacionados y especialmente la fijación de recompensas apetecibles para capturar a los cabecillas; la recuperación de los servicios de inteligencia, que antes actuaron con eficacia en esta lucha; y, por supuesto, el prometido apoyo social focalizado en las zonas del Huallaga, del Ene y otras cuyo enunciado es aún poco claro.
El Estado tiene que recuperar su presencia en todos los rincones del país. Hay que dar seguridad a los pobladores y evitar el avance de fuerzas oscuras que, tomando ventaja de esa ausencia –como sucede ya en el valle del Monzón–, pretenden convertirlos en ‘tierra de nadie’ donde pueda florecer su industria criminal con ramificaciones inimaginables.
A propósito, debemos evitar la ‘colombianización’ de la política, que está siendo permeada por esos intereses nefastos. No queremos un narcoestado. Eso sería fatal. Por ello, si por un lado es imperativo que el Gobierno trace claramente su política antisubversiva, del otro lado es imprescindible que los candidatos presidenciales definan su posición y guarden la necesaria distancia frente al narcoterrorismo. Y, es responsabilidad de los electores evaluar profundamente a los candidatos, analizando sus hojas de vida y sus planes de gobierno, para no votar por quienes puedan estar siendo financiados por el narcotráfico.