Peru Election 2006

Maxwell A. Cameron
December 28, 2005
Luis Iberico, a member of congress for the Frente Independiente Moralizador (FIM), and president of the defense committee, has proposed a selective amnesty for members of the armed forces accused of human rights abuses. The president of the Constitutional Tribunal, Víctor García Toma, has warned that such an amnesty could be struck down by the courts. In his view, congress should not encroach on the administration of justice, or presume to decide who is guilty or innocent. An amnesty would be an abdication by the state of its responsibility to uphold the rule of law.
The issues raised in this interview are similar to those we noted in an earlier posting on Martha Chavez returns to congress. Some of Peru’s most distinguished legislators appear to have a poor understanding of the principles underpinning a separation of powers system. If members of congress want to uphold the rule of law, they should stop trying to act as judges. If they want to improve the judiciary, they should provide it with adequate funding.

Amnistía no procede
Por: María Elena Castillo
La Republica, 28 de diciembre del 2005
LA VOZ CANTANTE
• El presidente del Tribunal Constitucional, Víctor García Toma, advirtió que propuesta de Luis Iberico desconoce el artículo 44 de la Carta Magna.
• Precisó que de promulgarse la amnistía, esta podría ser derogada y los procesos judiciales se reanudarían.
–Los que se muestran a favor de la amnistía a los acusados de violaciones de los derechos humanos dicen que es una salida constitucional. ¿Es así?
–El artículo 44 de la Constitución dice que es deber del Estado defender y garantizar la plena defensa de los derechos humanos, por lo que parecería un contrasentido que por un lado se establezca la promoción y defensa de estos derechos fundamentales, y que por otra parte, el mismo Estado dicte una ley que en la práctica estaría desconociendo su responsabilidad de perseguir y castigar los delitos contra los derechos humanos que se cometan.
–Pero ellos insisten en que la sentencia de la CIDH tiene validez solo para el caso Barrios Altos.
–Lo que pasó en 1995 fue una autoamnistía. El gobierno de Fujimori, que era responsable de los aparatos de seguridad y re-presión, y permitió que se cometieran los abusos que todos conocemos, ese mismo gobierno dio una norma en la que se autoamnistiaba. Después fue condenada por la Corte Interamericana, precisando que no se puede dar amnistía para violadores de derechos humanos.
–Y en qué casos sí procede la amnistía?
–Las amnistías históricamente se han dado al comenzar un periodo democrático luego de una etapa de dictadura, para restablecer la armonía y la paz. Favorece a los que están en calidad de procesados, y para los condenados se dicta un indulto. De esta manera el Estado perdona u olvida el delito en el que pudieron estar inmersos durante el proceso de dictadura. Es lo que ocurrió, por ejemplo, en el caso de los procesados por participar en la Marcha de los 4 Suyos, que fueron perdonados por el presidente Toledo.
Responsabilidad judicial
–¿En estos casos quién debe decir si son inocentes o no?
–El Poder Judicial es el que determina la inocencia o la culpabilidad de un acusado en base a un valor judicial, tal como corresponde. No es función del Congreso inmiscuirse en la administración de justicia. Lo que el congresista Iberico debe explicar es qué lo motiva a hacer esta propuesta, ahora que estamos en un momento en que el Estado está reinsertado en la comunidad internacional en materia de derechos humanos y se respeta los cánones de un Estado de derecho. ¿Por qué cree que es necesario dictar leyes en esta materia? ¿Qué es lo que se pretende con la dación de la ley?
–¿Se está invadiendo el fuero judicial?
–Se está vulnerando al Estado de derecho porque la función del Congreso es fiscalizar y la del Poder Judicial es dirimir en los conflictos y administrar justicia.
–¿Además de violar nuestra Constitución?
–De darse la amnistía se estaría afectando directamente la Constitución, que señala que la función del Estado es proteger los derechos humanos. ¿Cómo entonces se podría amnistiar a imputados en este tipo de crímenes?
–¿De promulgarse la amnistía y derogarse luego, como ocurrió en el caso de las leyes dadas por Fujimori, que pasaría con los que se beneficiaron con ella?
–Como ocurrió en el caso de los miembros del grupo Colina, esa ley no tendría valor legal alguno; así que, de derogarse se tendría que procesar a todos los que se acogieron a ella. Pero yo creo que no es necesario. E insisto en que la responsabilidad de administrar justicia es del Poder Judicial. Creo que los presuntos violadores de derechos humanos están siendo juzgados con total independencia e imparcialidad.
El derecho de las víctimas
Según el informe 97 elaborado por la Defensoría del Pueblo sobre los avances de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, los 47 expedientes presentados para su judicialización involucran a 1,512 víctimas de graves violaciones de derechos humanos. La mayoría de ellas no tienen siquiera abogados que impulsen sus casos. Los presuntos violadores de derechos humanos son acusados de cometer u ordenar secuestros, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones, principalmente de campesinos quechuahablantes, como parte de la guerra sucia para combatir el terrorismo.
Casi 800 de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad fueron cometidos en Ayacucho, 235 en Junín y 217 en Lima. Varios de ellos fueron casos sonados como la masacre de Cayara o las violaciones cometidas por efectivos de Los Cabitos.
Toledo: “No daré amnistía generalizada”
El presidente Alejandro Toledo advirtió ayer que no promulgará ninguna ley que otorgue una amnistía generalizada para los militares y policías involucrados en casos de derechos humanos. “No estoy dispuesto a dar una carta blanca. Pido justicia, pero con celeridad, sin persecuciones, pero justicia. Hay que darle los fondos y el apoyo (al Poder Judicial) si es necesario”, dijo durante su visita a Cajamarca para supervisar el proyecto Mi Chamba.
Recalcó que muchas veces los procesos judiciales son demasiado engorrosos y lentos, por lo que recién se están investigando denuncias sobre desapariciones, ejecuciones y torturas cometidas hace 20 años. Dijo, que lo malo es que ello puede incluir a efectivos del orden que lucharon por darnos paz, y que hoy tienen entre 50 y 60 años de edad. Indicó que no se puede perseguir a las personas que lucharon contra el terrorismo, y agregó que con ello no justifica ningún exceso.
“No comparto enteramente la (propuesta de) amnistía porque tendría que darse amnistía para todos… mi posición es que debemos darle mayor celeridad y apoyar al Poder Judicial”, insistió el jefe del Estado, quien refirió desconocer las motivaciones para la propuesta de amnistía, planteada por el congresista Luis Iberico.
“Yo no estoy dispuesto a una amnistía generalizada, porque hay que evaluar cada caso, pues yo no abriría una puerta”, subrayó Toledo Manrique, quien reiteró su invocación para dar celeridad en los procesos en los que están involucrados los militares.
Precisiones
CIFRAS INFLADAS. No se están procesando judicialmente a 618 militares y policías por violación a DDHH como afirma el congresista Luis Iberico. La Defensoría del Pueblo informó que los juicios abiertos alcanzan a 352 uniformados.
CHAVÍN. La abogada de Aprodeh, Gloria Cano, refirió que el juicio por el caso Chavín de Huántar acusa a Montesinos, Hermoza Ríos, Huamán Ascurra y Jesús Zamudio Aliaga, y no a comandos militares como afirma Iberico.
Análisis. No a la amnistía de violadores de DDHH
Rocío Villanueva, Adjunta para casos de DDHH de la Defensoría del Pueblo
La Republica, 28 de diciembre del 2005
Para la Defensoría del Pueblo es claro que, a partir de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Barrios Altos, las leyes de amnistía son inadmisibles para los casos de violaciones a derechos humanos; también lo son las disposiciones de prescripción o cualquier otra que impida investigar graves violaciones a los derechos humanos como torturas, ejecuciones extrajudiciales o desaparición forzada.
La Defensoría del Pueblo ha identificado al menos 32 excepciones planteadas por los procesados para evitar la persecución penal: 13 de cosa juzgada, 8 de amnistía, 7 de prescripción y 4 de naturaleza de acción.
En total 22 han sido declaradas infundadas por los jueces, sobre la base de lo señalado por la Corte Interamericana. Las otras 10 están pendientes.
No hay punto de comparación con la formación de la Comisión Ad Hoc de Indultos para los inocentes en prisión acusados de terrorismo y traición a la patria.
En este caso se tomó la decisión pues en su mayor parte los procesos judiciales a los que estas personas fueron sometidas no respetaron las garantías proce-sales y se basaron en una legislación antiterrorista que luego fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional.
Se trataba de personas inocentes sentenciadas en juicios sumarios, por jueces sin rostro y sin que existieran pruebas suficientes en su contra.
Ahora es distinto. Vivimos en democracia, con un Poder Judicial que debe brindar las garantías procesales que la ley manda. En esta circunstancia es responsabilidad de los magistrados determinar la inocencia o responsabilidad de los procesados.

Salomón Lerner rechaza amnistía a militares
La Primera, 28 de diciembre del 2005
Salomón Lerner, ex presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), rechazó la propuesta para otorgar una amnistía selectiva a militares y policías, a la que calificó de ”oportunista y electorera”.
Advirtió que cualquier iniciativa para otorgar una amnistía es nula porque contraviene una decisión del Tribunal Constitucional y las obligaciones del Estado peruano con la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Lamentó que se pretenda ”premiar” a quienes conscientemente violaron los derechos humanos, en vez de que se dé un intento de arrepentimiento, como se dio en Argentina o Chile.
A su parecer, se debe dejar que el Poder Judicial determine con sus fallos si los procesados tienen alguna responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad de los que se les acusa.
”No puede haber una amnistía selectiva. El sentido común nos dice que la selectividad está dada por el juicio y la aplicación de la justicia y equidad por parte del Poder Judicial, que dirá quién es culpable”, declaró.
Amnistía perjudicaría relaciones con organismos internacionales
Peru 21, 28 de diciembre del 2005
La eventual aprobación de la propuesta para una amnistía a los policías y militares procesados por delitos de lesa humanidad, perjudicaría la imagen del país frente a los organismos supranacionales que defienden los derechos humanos. Así lo consideró el director para el Perú de Amnistía Internacional (AI), Ismael Vega.
“La amnistía sería un retroceso en nuestras relaciones con los organismos del sistema internacional de derechos humanos (…) Además, el sistema judicial es el encargado de determinar la inocencia o la culpabilidad de las personas
procesadas”, declaró a la agencia Andina.
En ese sentido, el funcionario recordó la mala experiencia que vivió el país durante el régimen de Fujimori en materia de derechos humanos, que incluyó una amnistía a los miembros del grupo paramilitar Colina. Por eso, sostuvo que la propuesta del parlamentario del FIM Luis Iberico para otorgar este beneficio no tiene sustento legal, además de ser un planteamiento fuera de contexto.
Además, Vega expresó su preocupación y extrañeza por el apoyo que ha recibido esta propuesta por parte de algunos políticos, aun de candidatos a la Presidencia de la República.
“Estamos preocupados porque diversas organizaciones políticas, a través de sus representantes y candidatos, se han pronunciado a favor de este planteamiento, y francamente tenemos temor que pueda ser aprobado”, acotó.
Así, por ejemplo, el representante de AI señaló a los candidatos a la vicepresidencia del Partido Aprista Peruano y Unidad Nacional, Luis Giampietri y Arturo Woodman, respectivamente, quienes ya expresaron su acuerdo con el planteamiento en medio de una campaña electoral que empieza a calentar, hecho que – consideró – “altamente sospechoso.
Propuso que lo que se debe buscar es darle al Poder Judicial peruano todas las facilidades y condiciones para que esté en capacidad de brindar procesos justos a los miembros de las fuerzas del orden enjuiciados por excesos durante la época de la violencia política en el país.
Iberico: “Nadie está hablando de una amnistía generalizada”
El Comercio, 28 de diciembre del 2005
Reacciones a la postura del mandatario.
Coherencia le pidió ayer al mandatario el titular de la Comisión de Defensa del Congreso, Luis Iberico (FIM), tras sus declaraciones sobre el tema de la amnistía, beneficio propuesto por el parlamentario para los militares procesados por violar los derechos humanos.
Según Iberico, Toledo se pronunció antes contra los excesos en el enjuiciamiento a miembros de las Fuerzas Armadas. “Debería haber coherencia entre lo que ha dicho (Toledo) y las acciones que como presidente puede realizar. Nadie habla de una amnistía generalizada que involucre al grupo Colina o a los autores de la masacre de La Cantuta, pero sí que se separe la paja del trigo. Solo para los injustamente procesados hemos planteado una amnistía que la puede conceder el Congreso, o bien un derecho de gracia que es atribución del presidente”, precisó.
En manos del Poder Judicial
Quien coincidió con Toledo en que solo el Poder Judicial debía resolver estos procesos fue la jefa del Área Legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Gloria Cano. “Solo el Poder Judicial y el Ministerio Público deben determinar si hay responsabilidad o no de los involucrados. Aquí no hay persecución”, expresó.
Agregó que las instancias judiciales actuaban con independencia y que si bien había algunos fallos cuestionados por Aprodeh, no creían que fueran producto de interferencia, sino de una mala interpretación de la legislación. “En el tema de Accomarca el Poder Judicial ha archivado el caso y hemos tenido que aceptar. En los casos Cayara y El Frontón seguimos insistiendo”. Cano también consideró inoportuna la formación de una comisión (planteada por Iberico) para revisar los casos, paralelamente al Poder Judicial. Y es que, para el congresista, el Poder Judicial avanza con “una lentitud de pesadilla”.
Sobre cómo marchan los procesos, Rocío Villanueva, adjunta a la Defensoría del Pueblo para los Derechos Humanos, recordó que de los 47 casos que denunció la Comisión de la Verdad, solo 22 estaban en el Poder Judicial, mientras que el resto seguía en la fiscalía. “Han pasado dos años y el Ministerio Público ya debería decidir si denuncia o no”, puntualizó.
“Hay que diferenciar”
Para el ministro de Justicia, Alejandro Tudela, una amnistía en estos casos era improcedente porque así ya lo dejó sentado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (tras el crimen de Barrios Altos). Sin embargo, se mostró a favor de que el perdón alcanzara a militares y policías que lucharon contra el terrorismo, pero que sobre ellos pesan procesos injustos. “Sería un acto de reconciliación del país”, afirmó.
Agregó que en todo caso era una atribución del Parlamento. En esto último coincidió con el procurador para casos de terrorismo, Guillermo Cabala, quien considera que la solución está, precisamente, en el Congreso.
En cambio, para su colega Antonio Maldonado la propuesta de Iberico es “imposible jurídicamente” y “éticamente reprochable”.
“El Estado, dijo, no puede atribuirse un derecho de las víctimas o familiares al debido proceso”.
Los poderes tutelares viven y colean
Santiago Pedraglio
Peru 21, 28 de diciembre del 2005

El debate originado por la propuesta del congresista Luis Iberico, de otorgar una “amnistía selectiva” a los militares acusados de violaciones a los derechos humanos, ha acarreado la respuesta de quienes perciben en esta iniciativa una intención electoral -ganar el voto de militares, policías y sus familiares-, así como también la de quienes con justa razón consideran que se pretende instalar el reino de la impunidad.
Sin embargo, la actitud de la gran mayoría de los políticos que han mostrado estar a favor de la propuesta del congresista Iberico (en un punto como este se unen los del Frente Independiente Moralizador, los del Apra y los de Unidad Nacional) está demostrando que, en la práctica, los “poderes tutelares” -los que no basan su legitimidad en la soberanía popular-, en este caso las Fuerzas Armadas, continúan teniendo una vigencia fuera de lugar en una democracia. Es cierto que, en este caso, algunos políticos que han ejercido el gobierno entre 1980 y el 2000 se sienten aludidos e indirectamente comprometidos con las decisiones que se tomaron en la lucha contra la subversión y que produjeron algunas de las más graves violaciones a los derechos humanos.
Este hecho recuerda que la legitimidad del poder, en el Perú, no viene siempre de los ciudadanos; o en todo caso, los ciudadanos y los políticos no se sienten seguros de sus propias fuerzas y requieren de autoridades que los ‘protejan’ por encima de la ley y de la Constitución. Es el trato que actualmente se les quiere dar a las Fuerzas Armadas y, en particular, a los militares acusados de violaciones a los derechos humanos.
Este papel tutelar que importantes sectores ciudadanos y la mayoría de los dirigentes políticos otorgan a las Fuerzas Armadas no solo tiene como manifestación reciente la mencionada propuesta de Iberico; también lo es la nueva ley orgánica y el Código de Justicia Militar. Según parece, la ley habría sido ya eximida de una segunda votación en el Congreso y estaría en el Ejecutivo. Pues bien, en lugar de reformar la justicia militar, integrándola efectivamente al fuero común, la nueva ley orgánica acepta la constitución de una sala penal especial dentro del Poder Judicial, pero compuesta por cinco vocales, tres de ellos militares en situación de retiro, uno de los cuales la presidiría. Esta sala ventilaría los delitos de función e, incluso, otras transgresiones que se sucedan en estado de sitio o en las misiones de paz fuera de la frontera. Tendría, además, la atribución de conocer las contiendas de competencia; es decir, la justicia militar tendría, en la práctica, más poder que ahora. Algo más: el Consejo Nacional de la Magistratura no nombraría a esta nueva sala sino de aquí a cuatro años, puesto que por ahora se crearía una comisión especial (la mitad, militares) para su designación.
Los límites de la democracia en el Perú no solo tienen que ver con la falta de representación sino también con la incapacidad del poder elegido para subordinar a los llamados poderes tutelares.

No han Aprendido Nada, Desde el tercer Piso, 26 de diciembre del 2005