Peru Election 2006

Maxwell A. Cameron
February 4, 2006
The new organic law of military justice militarizes Peru’s judicial system and undermines the rule of law. It has been challenged as unconstitutional by Fiscal de la Nacion Adelaida Bolivar, in part because It places the military justice system within the civilian judiciary in ways that cannot be overseen by the Fiscal de la Nacion. Under the new law it is possible that a military judge could be come the president of the supreme court.
The law undermines the autonomy of the judiciary since the new justices will be subject to the discipline and control of the military hierarchy, giving the military a say in what issues are dealt with in which courts. The military will have an obvious interest in ensuring that all cases dealing with human rights abuses will fall under the jurisdiction of military judges. The new military court system will be run by military judges, most of whom have questioned pasts. Consider the nominees:
– Hugo Pow Sang Sotelo signed a letter of loyalty to Vladimiro Montesinos and archived the Cantuta case in favor of Montesinos.
– Pedro Cabezas Cordoba has resisted investigations into corruption in the armed forces.
– Nelson Echaiz signed a letter of loyalty to Montesinos. He is involved in a case of drug trafficking.
– Percy Catacora S. was the judge who sentensed Gustavo Cesti, a retired military officer who should not have been tried in a military court.
– Demetrio Rojas Talla has argued that human rights cases should be dealt within military courts.
The militarization of the judiciary in Peru is especially disturbing in light of the fact that one of the leading candidates in the 2006 election, Ollanta Humala, has been accused of human rights crimes. The clarification of such allegations is likely to be hindered by military control over the judicial branch of government, especially if the military is successful in asserting jurisdiction over human rights crimes. The fox is in the henhouse.

Seis generales compiten por tres vacantes de vocal supremo militar
Álvaro Gastañaduí Ramírez
El Comercio
4 de febrero del 2006, p. a17
Integrarán nueva sala suprema militar pero dependerán de la justicia castrense
Cuando en octubre del 2004 el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales diversos artículos de la Ley de Justicia Militar y del Código Militar, lo que quiso decir fue que el juzgamiento de militares y policías no respetaba los elementales principios de la administración de justicia como el debido proceso, la independencia y la imparcialidad. Pero, además, dio una serie de recomendaciones para que el Congreso pueda adecuar en un año la justicia castrense a la Constitución.
Un año más tarde, contado a partir de una sentencia aclaratoria que dio en enero del 2005, el Ejecutivo promulgó la Ley Orgánica de la Justicia Militar (N° 28665) y el Código de Justicia Militar Policial (Decreto Legislativo 961). De las dos normas ha sido la primera –la que establece la nueva estructura judicial– la que ha generado mayor preocupación en la comunidad jurídica. Incluso, la Fiscalía de la Nación presentó hace diez días una acción de inconstitucionalidad contra 30 de sus artículos por considerar que había una intromisión en el Ministerio Público y el Poder Judicial. También porque los jueces y fiscales siguen siendo militares y conservan la relación jerárquica con sus superiores y con quienes van a juzgar .
Asimismo han expresado su preocupación vocales del Poder Judicial, la decana del Colegio de Abogados de Lima, Greta Minaya, y miembros del Consorcio Justicia Viva, en la que están representados la Universidad Católica y el Instituto de Defensa Legal (IDL).
NUEVOS VOCALES SUPREMOS
La Junta Transitoria Calificadora para Vocales Jueces y Fiscales Militar Policial concluyó ayer la evaluación y hoy daría a conocer quiénes serán los tres nuevos vocales que integrarán la Sala Penal Suprema Policial Militar, máxima instancia del fuero castrense. Según la ley, esos magistrados, al igual que los dos fiscales que se incorporarán a la Junta de Fiscales Supremos, tendrán los mismos derechos que sus pares: podrán ser elegidos presidentes de sus entidades y podrán participar en las decisiones que adopten en conjunto. Sin embargo, no estarán subordinados a la autoridad judicial o a la Fiscalía de la Nación, sino al Consejo Superior Militar.
Para el ex vocal supremo y ahora presidente de la Quinta Sala Anticorrupción, Víctor Prado Saldarriaga, esa incorporación crea un régimen desigual y de control en las decisiones de la suprema y la Fiscalía de la Nación. Asimismo, señaló que esa incorporación contraviene la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Constitución.
Por su parte, la decana del CAL también cuestionó la participación de estos magistrados de origen militar y advirtió que no necesariamente son abogados, requisito exigido para ser magistrado. Minaya también criticó que dichos vocales no se subordinen al Poder Judicial, lo que es violatorio de la Carta Magna.
Los seis candidatos que postulan a las tres plazas vacantes son los generales EP Hugo Pow Sang Sotelo, Abraham Talavera Delgado y Pedro Cabezas Córdova, los mayores generales FAP Nelson Echaíz Velásquez y Percy Catacora Santisteban y el general PNP Demetrio Rojas Talla, cuya trayectoria, en la mayoría de ellos, ha sido cuestionada por el IDL, que ha investigado los antecedentes.
HAY UN AVANCE
Para el magistrado Prado Saldarriaga, el Tribunal Constitucional será un escenario adecuado para analizar las implicancias de la nueva norma y determinar si es que responde a la exhortación que planteó. Asimismo, consideró que el Código Militar tiene aspectos positivos en relación con el anterior, aunque advirtió la existencia de algunas contradicciones, como la de poder juzgar delitos de lesa humanidad en tiempo de guerra.
Sin embargo, el director del Área Legal del IDL, Carlos Rivera, cree que las nuevas normas terminan estableciendo una justicia militar paralela, autónoma y sin ningún tipo de vinculación y contacto con el Poder Judicial, a excepción de la Sala Penal Suprema. Asimismo, advirtió que con la nueva ley la estructura judicial militar continúa igual que antes, con lo que la exhortación del TC “ha caído en saco roto”.
BOX:
En puntos: Defensoría prepara informe
– El defensor del pueblo adjunto, Samuel Abad, informó que la Defensoría analiza la Ley Orgánica de la Justicia Militar y el Código Militar para emitir un informe al Congreso.
– La Defensoría del Pueblo fue la que interpuso la primera acción de inconstitucionalidad contra la justicia militar en el 2003.
– El presidente del Tribunal Constitucional, Víctor García Toma, confirmó que ya remitió la demanda de inconstitucionalidad del Ministerio Público al Congreso para que responda.
– El Parlamento tiene 30 días útiles para responder, luego de lo cual se convocaría a una sesión pública para que las partes expongan sus alegatos.
– El Colegio de Abogados de Lima evalúa presentar otra acción de inconstitucionalidad contra la legislación que aprueba la justicia militar.
BOX:
Perfiles: La mayoría tiene un cuestionado pasado
Hugo Pow Sang Sotelo
Rango: General de brigada
Antecedentes: Según el IDL, firmó el acta de sujeción respaldando el golpe de Fujimori. Archivó la investigación del caso La Cantuta a favor de Montesinos, entre otros controvertidos fallos.
Pedro Cabezas Córdova
Rango: General de brigada
Antecedentes: Pidió al Poder Judicial que se inhibiera de juzgar a militares acusados de actos de corrupción.
Abraham Talavera D.
Rango: General de brigada
Antecedentes: Procurador y vocal instructor militar sin mayores cuestionamientos. Denunció en 1975 a Montesinos por vender secretos militares.
Nelson Echaíz V.
Rango: Mayor general FAP
Antecedentes: Firmó el acta de sujeción a favor de Fujimori. Está involucrado en el proceso penal por el envío de droga a Europa en avión FAP.
Percy Catacora S.
Rango: Mayor general FAP
Antecedentes: Siendo vocal de la Sala de Guerra, sentenció a Gustavo Cesti, no obstante que no le correspondía ser procesado por la justicia militar. Aprobó condecorar al ‘Doc’.
Demetrio Rojas Talla
Rango: General PNP
Antecedentes: Como fiscal militar, pidió al Poder Judicial que militares procesados por violación a los DD.HH. sean juzgados en el fuero militar.

CNM: ¿Vocación suicida?
Ernesto de la Jara, jurista
El Comercio
4 de febrero del 2006, a4
El pronunciamiento público que hace unos días sacó el Consejo Nacional de la Magistratura contra el periodista Juan Paredes Castro, a raíz de las críticas que este viene formulándole, demuestra que los miembros del CNM no tienen conciencia de la mala evaluación que hay en muchos sectores del país sobre su actuación. Recordemos algunos de los cuestionamientos que son casi consenso:
– El sistema de selección y nombramiento que el CNM viene utilizando para nombrar a jueces y fiscales. La crítica fundamental es que no permite una adecuada evaluación del candidato, que no es transparente y permite un excesivo margen de discrecionalidad. Prueba de que es así es que todos creen que hay que cambiarlo, incluidos los propios integrantes del CNM. Hay una serie de anteproyectos de ley al respecto. Lo dramático es que con este sistema ya se ha nombrado a la mayoría de jueces y fiscales, cuando primero debió cambiarse el sistema.
– La no ratificación de jueces y fiscales cada siete años sin expresión de causa. Una forma de proceder que el CNM ha tenido que cambiar, a raíz de pronunciamientos en contra de la Defensoría del Pueblo; entrada en vigencia del Código Procesal Constitucional; soluciones amistosas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en casos concretos, etc.
– La actuación frente a Fernando Tuesta, quien pretendía continuar como jefe de la ONPE, y que el CNM se lo impidió de manera arbitraria.
– El proceso de elección de varios de los integrantes del CNM (falta de reglamento, de transparencia, candidatos cuestionados, etc.).
– La falta de sanción respecto a determinados casos de magistrados remitidos por la OCMA, según declaración del propio jefe de la OCMA.
– Habría que añadirse ahora, si es que el CNM continúa en la misma línea: el acatamiento sin dudas y murmuraciones de una ley –la 28665– que favorece un esquema de justicia militar absolutamente inconstitucional y que atenta contra las propias competencias del CNM, al punto que la ley en cuestión ha sido materia de una acción de inconstitucionalidad presentada por la fiscal de la Nación.
El CNM, en lugar de sacar pronunciamientos en contra de uno de las periodistas más reconocidos del país, que solo reflejan intolerancia y falta de cultura democrática, debería estar dedicado a subsanar las críticas y los cuestionamientos que casi todos los sectores del país tienen frente al CNM. Una vez más lo decimos: si no se adopta una actitud autocrítica y de cambio, prosperará la posición de quienes creen que “el remedio ha sido peor que la enfermedad” y que, por tanto, hay que desactivar el CNM y regresar al sistema político de nombramiento de jueces y fiscales. Nosotros seguimos creyendo, pese a todo, que sería un retroceso lamentable, y lo que corresponde es introducir cambios en el esquema del CNM.