Peru Election 2006

By Fabiola Bazo
February 19, 2006
Signs of socio-economic exclusion form an inescapable part of everyday life in Lima. Poverty is in-your-face. The macroeconomic boom, far from diminishing the problem, has only made the gap between rich and poor more conspicuous. A large number of people not only perceive little tangible improvement in their socio-economic conditions, they have lost hope that things will change. Lacking any unemployment insurance or social security, not only the indigent but even members of the impaupered middle class live with the constant fear that their lives could be destroyed by sudden illness or unemployment.
If there is one reason for Alejandro Toledo’s low level of approval, it is that he awoke hope that his government would create employment and reduce poverty. There have been, as Mirko Lauer notes, 60 months of sustained growth and this has been a bonanza for large firms, which have seen their profits swell, but all the abundance has had remarkably little impact in the pocket books of the majority of workers and employees.
Although Peru is experiencing impressive levels of economic growth, not only is the wealth not trickling down, it seems to be trickling-up. Jorge Bruce argues that the current election campaign should make a space for debate on the economic model. He argues that social exclusion is not an economic problem, but a political and ethical one, and calls for research on the gaps between the profits earned by shareholders of large firms and the earnings or workers. Are the earnings of workers and employees in those parts of the economy that are booming adequate to cover basic needs, like education, health and housing?
Santiago Pedraglio discusses the “Agreement for Social and Responsible Mining,” where representatives from local governments, mining networks, NGOs, entrepreneurs and large mining companies, got together to sign an accord for sustainable development and strategic partnership. This agreement is a potentially significant step toward acknowledging that inequality, extreme poverty and exclusion are obstacles to sustainable development.
In a sad commentary on public officials, Pedraglio argues that the views inherent in this agreement are more democratic and inclusionary than those held by public administrators in the Ministries of Finance, Energy and Mines, and the Prime Minister’ Office. Those holding a government position (either by election or appointment) show a lack of vision and initiative in tackling the limitations of the current economic model. That is why it is so disturbing to see electoral platforms that lack convincing policy ideas for how to deal with the socio-economic exclusion most Peruvian face. If we add to this lack of political will to challenge the status quo, the fact the Peruvian state lacks instruments to redistribute wealth (labour legislation, a fair tax system, social security), Peru may face social unrest in the future no matter who gets elected.

¿Cuál es el tema de esta elección?
Por Mirko Lauer
La República, 19 de febrero del 2006
Algunos candidatos proponen fórmulas para que el Estado recaude algo más de la bonanza macroeconómica. Pero nadie adelanta fórmulas para que el crecimiento económico se traduzca en más dinero en los bolsillos populares. De pronto han visto que las dos cosas no tienen nada que ver la una con la otra. En verdad, siempre fuimos un país rico lleno de pobres.
Si escuchamos los principales discursos de campaña, el 54% de pobres no tiene candidato. Tampoco lo tienen quienes perdieron buena parte de sus derechos con la llegada de los años 90, o quienes en las capas medias sacrificaron sus ingresos para la recuperación del país, y siguen esperando. Como si esta elección no se tratara de dinero.
En su obra sobre las consecuencias morales del crecimiento económico (Knopf, NY, 2005), Benjamin Friedman afirma que este es una precondición del progreso social. Pero a la vez reconoce que en el subdesarrollo un crecimiento de ancha base mal podrá mejorar las cosas sin una intervención enérgica del Estado. No es lo que hemos tenido hasta el momento.
Hay una teoría implícita según la cual la desigualdad de los ingresos en el Perú de los últimos diez años es una consecuencia natural del tipo de crecimiento económico. Es decir el efecto de la combinación de bonanza con enclave en manos sobre todo extranjeras que recorre, algunos dirían que funda, nuestra historia.
El fracaso más doloroso de Alejandro Toledo es el de su famosa lucha frontal contra la pobreza: 60 meses de crecimiento sostenido, un verdadero Cabo Cañaveral para las utilidades de las empresas, no han logrado mover esa realidad. Sin embargo da la impresión de que los candidatos consideran a ese crecimiento avaro como algo sano y sagrado en sí mismo.
La segunda teoría implícita es que solo una revolución radical podrá cambiar esta situación de crecimiento para una minoría. A falta de ella, entonces mejor que todo se quede como está. Pero en verdad hubiera bastado que Toledo compartiera los valores de Valentín Paniagua para producir un resultado social distinto en este lustro.
Los candidatos no se dan por aludidos, y eso parece nacer de la convicción de que el esquema socio-económico resistirá sin problemas cinco años más, y que no producirá desenlaces ecuatorianos o bolivianos. Pero esa idea puede ser una ingenuidad, sobre todo si llega al poder otra clique depuradamente derechista.
Es por todo esto que los candidatos dan la impresión de no estar diciendo nada. El verdadero tema es algo más de dinero (no excusas ni argumentos de moralina neoliberal) en el bolsillo de las mayorías. Cómo estará la cosa que ya ni las mayorías tocan ese tema. O quizás es porque las encuestas se han dedicado intensamente a no preguntarles.
¿Quién puede matar al capitalismo?
Jorge Bruce
Perú.21, 19 de febrero del 2006
“Estoy muy sorprendido por la moderación de las críticas, entre nosotros, respecto del capitalismo financiero. Sin embargo, ha torpedeado los fondos de pensiones y aumentado en proporciones inverosímiles las diferencias entre ricos y pobres. Pero el mito del empresario que se enriquece al tiempo que enriquece a la comunidad, sigue siendo muy fuerte”. ¿De quién son estas duras frases contra los estropicios de un capitalismo salvaje? ¿Son de algún ‘rojo’ como Noam Chomski? Not quite. El autor fue Felix Rohatyn, gran banquero y ex embajador de EE.UU. en Francia. Según sus propias declaraciones, Rohatyn pertenece al 1% de personas que son propietarias del 45% de su país. Puede sonar cínico o hipócrita, pero el banquero encuentra ese dato sumamente injusto. “Es el rol del Estado -dice- redistribuir una parte de los superbeneficios a la población. Pero en los Estados Unidos el Estado continúa redistribuyéndolos a los que tienen las mayores ganancias”.
Este debate es central -o debiera serlo- en nuestro proceso electoral. Contra las apariencias, no es tan solo un asunto económico. Es sobre todo político y ético. No debe, por supuesto, volver a ser abordado demagógicamente, sobre la base de promesas huecas -como las de Toledo, que si gobernó no fue para los pobres- o irrealizables, como el populismo del régimen aprista que nos arrastró a la psicosis hiperinflacionaria. Pero no es menos demagógico limitarse a hablar de crecimiento económico, pues ese factor debe ser analizado en un contexto que refleje la calidad de vida de las personas. Sería muy útil que institutos de investigación de diversa orientación ideológica (IPE, IEP, Grade, Cepes, por nombrar algunos) proporcionaran información comparativa entre los ingresos de las grandes empresas y los salarios de los trabajadores, por ejemplo. Ese “pleno empleo”, tan cacareado en los valles de Ica, Chao o Virú, ¿cómo se traduce en cifras? Es muy hermoso y alentador el espectáculo de esos verdes plantíos al borde de la Panamericana Norte, arrancados al desierto gracias a la irrigación de Chavimóchic (una obra pública, dicho sea de paso). Me emocionó encontrarme con un viñedo en tierras donde ese plantío nunca había existido, todo ello con una limpieza y organización admirables. Pero ¿cuánto gana en promedio un trabajador en esos fértiles espacios?, ¿cuánto reciben los accionistas? Hay enormes empresas agroindustriales que pagan 17 soles diarios o 400 soles al mes. ¿No es eso equivalente a lo que obtiene un reciclador de basura o un mendigo en Lima? ¿Alcanza ese ingreso para satisfacer necesidades elementales de salud, vivienda o educación? ¿Adónde va entonces el venerado crecimiento?
Hay aquí un debate esencial que debe ser abordado, en lo que nos resta de campaña, con la mayor seriedad. Este es un asunto en el que, idealmente, las partes interesadas deberían procurar lograr acuerdos de base. Por el momento no parece estarse dando ese indispensable intercambio y, más bien, estamos empantanados en una agresividad narcisista que dice mucho sobre las ganas de hacerse del poder, pero poco sobre lo que se piensa hacer una vez que se logre tan ansiado objetivo. El comportamiento de la mayoría de candidatos se parece más, en ese sentido, al de los animales en época de celo que hacen malabares y aspavientos para demostrar -exhibiendo su plumaje o genitales, dando golpes o brincos, emitiendo rugidos o sonoros cantos- que son los mejor dotados para reproducirse, que al de unas gentes preparadas y conscientes de la abrumadora responsabilidad a la que están postulando.
“En el fondo -dice Rohatyn- solo los capitalistas pueden matar al capitalismo. Por sus excesos”. Esta es una lección que nos toca asimilar, más allá de nuestras particulares ideologías, a quienes tengamos la voluntad de entendernos por el bien común, desde una ética realista, política y no solo dogmática, tiránicamente económica.
Minería: diálogo con buen pronóstico
Por Santiago Pedraglio
Perú.21, 19 de febrero del 2006
En un país dividido social y políticamente como el Perú, donde, además, la desconfianza es moneda corriente, el hecho de que representantes de instituciones tradicionalmente enfrentadas sean capaces de conversar y tomar acuerdos -aun cuando expresen todavía una “carta de intención”- es una excelente noticia.
El acuerdo ‘Por una minería con responsabilidad social y ambiental’ ha sido firmado por representantes de gobiernos locales, frentes de defensa, redes vinculadas a la minería, organizaciones no gubernamentales y por empresarios y funcionarios relacionados a las empresas mineras Buenaventura, Antamina, Newmont y Tintaya.
El documento propone construir “una visión compartida de un Perú megadiverso y democrático, trabajando juntos por la igualdad de oportunidades de todas y todos los peruanos”. Se plantea, en un mediano plazo, convertir a la minería en un factor del “desarrollo sostenible del país como un importante sustento y socio estratégico de la sociedad civil y del Estado”.
Revisando el punto específico sobre cómo entender los conflictos en la minería, las personas e instituciones involucradas han logrado un importante avance al señalar que una de las causas más trascendentales son “las condiciones de desigualdad, pobreza extrema y sensación de exclusión que viven importantes sectores de nuestra población, en particular en aquellas zonas donde existen inversiones mineras”. Otra causa señalada en el comunicado es que las “autoridades y líderes locales, amplios sectores de comunidades y empresas perciben al Ministerio de Energía y Minas como una entidad parcializada, poco creíble y que cumple un doble rol, de juez y parte, en la promoción de la inversión minera y la fiscalización de sus actividades”. Se habla también de “la existencia de intereses diversos entre actores de la minería de índole política, económica y cultural. Esta diversidad requiere ser expresada y comprendida, pues, de lo contrario, se producen situaciones de antagonismo y confrontación”.
Entre los acuerdos y compromisos “para que la minería aporte al desarrollo sostenible” proponen que “la minería debe ser un factor de desarrollo local y nacional, y en ningún caso un enclave de prosperidad en un mar de pobreza y abandono”. Como un compromiso concreto, plantean “promover la creación de una Autoridad Ambiental, independientemente de la regulación del Ministerio de Energía y Minas”. Asimismo, que “las empresas avancen en su responsabilidad social y ambiental, aplicando con coherencia sus códigos de conducta, reconociendo a las autoridades y organizaciones sociales locales y a sus legítimos representantes, respetando los derechos laborales y sometiéndose a certificaciones de calidad ambiental y social”.
Es evidente que este comunicado expresa un punto de vista común bastante más democrático e integrador que el de muchos altos funcionarios de diversos sectores del Estado (Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Energía y Minas y oficina del Primer Ministro, por ejemplo). Los candidatos presidenciales tienen en este documento, además, un excelente material para elaborar políticas de Estado para un sector especialmente importante, pues supera las fáciles satanizaciones entre los involucrados en el quehacer minero.