Peru Election 2006

The blog Peru Politico has analyzed the the government plan of the Nationalist Party of Peru, the Great Transformation.

El plan de gobierno del Partido Nacionalista Peruano
Por Evaristo Pentierra
Blog Peru Politico, 26 de febrero del 2006
Finalmente, el partido de Ollanta Humala presentó su plan de gobierno. Se titula La gran transformación y consta de 84 páginas. Un análisis.
El plan comienza por responsabilizar al neoliberalismo de ocasionar “una fractura social sin precedentes en la vida peruana” (pág. 3). El diagnóstico tiene cierto fundamento. Basta con consultar las estadísticas oficiales para ver que el nivel de pobreza se ha mantenido constante durante los últimos diez años a pesar del importante y constante crecimiento económico.
Pero ¿qué ofrece el partido de Ollanta Humala como alternativa? Una de las ideas fundamentales expuestas en el plan de gobierno es la nacionalización. Pero, según el plan, ello no significa en primera línea estatización, sino principalmente la ampliación del mercado interno para así reducir la dependencia de la demanda internacional y crear riquezas sobre una demanda ancha e interna:
Si el aparato productivo no se integra a la geografía y sociedad peruana, sin corredores económicos y circuitos productivos articulados desde los recursos naturales hasta la industrialización final, ningún tratado de libre comercio constituirá una oportunidad de desarrollo a largo plazo. Cuando los mercados internos se expanden, el consiguiente aumento de la especialización incrementa la productividad y acelera el crecimiento (pág. 14).
En 1985, el gobierno de Alan García tuvo una idea muy similar. A través del congelamiento de precios y el aumento de sueldos se pretendía aumentar la demanda interna y así hacer crecer la economía nacional. Funcionó durante los dos primeros años (con un crecimiento anual alrededor del 10 %), pero a partir de 1987 la intervención estatal comenzó a producir inflación y el modelo heterodoxo finalmente fracasó.
Sin embargo, nada de eso se plantea en el plan de gobierno del Partido Nacionalista. Se habla de un “gran proyecto de desarrollo productivo” (pág. 14), pero a la hora de enunciar las medidas solo se resalta la necesidad de mejorar la infraestructura (puertos, ferrocarriles, electricidad y comunicación, ver también págs. 20-21) – algo que se puede encontrar en todos los otros planes de gobierno.
La política macroeconómica tampoco contiene elementos heterodoxos. Ahí se propone un tipo de cambio libre, el libre flujo de capitales y una reserva en dólares para protegerse de fluctuaciones internacionales (págs. 15-16). Hasta aquí, nada que vaya en contra de los tan criticados “neoliberales”. Lo que el plan de gobierno sí propone es el otorgamiento de diversas formas de crédito para las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y la agricultura apoyándose en las estructuras que ya existen. En la página 25 se hace mención a la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE):
Desarrollaremos un sistema de inversión y financiamiento, que incluya fideicomisos, fondos de preinversión, participaciones en holding, asistencia técnica dentro de los mercados organizados en circuitos y corredores económicos eslabonados como clusters, donde la Corporación Financiera de Desarrollo liderará un sistema promotor del desarrollo empresarial, en especial de las PYMES (pág. 25).
Al tocar el tema de la agricultura se plantea la no ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU. por parte del Congreso. Según el plan de gobierno, el tratado debería ser renegociado y expuesto a una consulta popular (pág. 37). Además, se busca fortalecer a las agencias agrarias a través de los gobiernos locales y profesionales independientes para ofrecer capacitación y financiamento (págs. 27-28).
Con respecto al cultivo de coca, el plan no trae novedades en comparación con la política actual: El (poco efectivo) monopolio legal de la Empresa Nacional de la Coca (ENACO) seguiría en vigencia y la producción de coca para fines no tradicionales continuaría siendo ilegal (pág. 28).
Sin embargo, la propuesta más llamativa está bajo el rubro de los “compromisos inmediatos” con la agricultura (pág. 30). Ahí, el Partido Nacionalista se compromete a invertir 5,000 millones de soles anuales en la agricultura a través de las agencias agrarias y COFIDE. 5,000 millones de soles representa alrededor de la décima parte del presupuesto anual del Estado. La pregunta obvia – a la que el plan no tiene respuesta – es de dónde sacarán ese dinero, dónde cortarán el presupuesto para obtener esa cantidad de dinero.
La propuesta que más ha llamado la atención de los medios es la de nacionalizar las “actividades estratégicas” (pág. 41). Bajo este rubro están comprendidos los puertos y aeropuertos, el agua, la electricidad y el gas. Sin embargo, el plan no prevé la estatización completa de estos servicios e instalaciones. Más bien, busca la participación mixta de empresas privadas y públicas. Es más, no excluye la participación de capital extranjero. A través de la combinación de capital privado y estatal se espera reducir las tarifas ofreciendo mejor infraestructura (por ejemplo, más plantas eléctricas) y ampliar la cobertura hacia las zonas lejanas y/o con poco poder adquisitivo (págs. 43-46).
En resumen, el plan de gobierno de Ollanta Humala confiere al Estado un rol principalmente regulador, no competidor con la inversión privada (salvo las actividades estratégicas arriba mencionadas). Por tanto, la tarea del Estado sería crear las condiciones necesarias para estimular la inversión privada en el Perú. Extraña, pues, que el Partido Nacionalista tenga al general Juan Velasco Alvarado como ejemplo a seguir, pues durante el gobierno de Velasco fue la inversión estatal la que buscó ensanchar el mercado interno a costa de la inversión privada.
Por último, encontramos una serie de reformas políticas: Se busca garantizar el acceso a la justicia a todos por igual así como basar los ascensos en el Poder Judicial en méritos y no en tiempo de servicio (págs. 52-54). Por lo demás, el Partido Nacionalista se compromete a tomar en serio las propuestas de reforma ya planteadas por la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia (CERIAJUS). La pena de muerte no aparece en ningún lugar.
La descentralización se impulsaría promoviendo a los gobiernos regionales y locales. La meta es que éstos manejen el 70 % del presupuesto nacional. También aparece la idea del “presupuesto participativo”, lo cual quiere decir que el empleo del presupuesto sea decidido con participación de la sociedad civil a nivel local. Está, asimismo, la propuesta de establecer “veedurías ciudadanas” encargadas de supervisar la calidad de la administración municipal (págs. 55-57).
En materia de derechos humanos, el Partido Nacionalista asume una clara posición a favor de las víctimas. Respalda el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y plantea el pago de reparaciones a las víctimas de la violencia. Además, se pronuncia a favor de una “investigación exhaustiva” para los casos de violaciones de derechos humanos (págs. 58-59).
La reforma de las Fuerzas Armadas (págs. 59-60), las leyes laborales (60-61), la promoción del empleo (62-63), la reforma de la educación (65-68), los servicios de salud (69-70) y la asistencia social (72-74) son los temas que se tocan en la parte final de plan de gobierno. Hay un claro énfasis a favor de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y también a favor de las diversas culturas del Perú.
Por ejemplo, el plan propone que la educación escolar sea en la lengua materna, pero posteriormente complementada por el español y el inglés. De modo que se puede hablar – más que de un enfoque meramente multicultural – de un enfoque intercultural que busca la integración en medio de la diversidad. En cuanto a la salud, el partido de Ollanta Humala promete el “acceso universal” a los servicios básicos de salud a través de un seguro para todos los ciudadanos, pero no explica cómo financiará ese seguro.
En síntesis, el plan de gobierno del Partido Nacionalista busca la continuidad en materia de política económica y libre mercado. La única excepción es con respecto a los servicios de infraestructura básica (puertos, agua, luz, gas) donde se apunta hacia una intervención estatal y privada sin descartar la inversión extranjera. Por otro lado, el plan promete fuertes inversiones estatales, sobre todo con respecto a la agricultura, pero no precisa de dónde ha de salir ese dinero.
Hay una clara posición a favor de los derechos humanos y, consecuentemente, a favor de la igualdad de todos los ciudadanos sin distinción de color de piel o género.
El líneas generales, el plan es coherente y detallado, tocando todos los temas importantes en la agenda del país.
¿Es éste el Ollanta Humala verdadero y definitivo – o se trata, más bien, de una instantánea? ¿El plan es sincero o responde solamente a las necesidades del momento, a un cambio de imagen temporal? El plan, por supuesto, no contiene las respuestas a estas preguntas. Pero sí nos obliga a tomar a este candidato y a su partido en serio.