Peru Election 2006

Ollanta Humala refuses to appear before a judge in the case of the uprising in Andahuaylas led by his brother Antauro. Alan Garcia may face a new investigation into the 1986 massacre in El Fronton.

Candidato de UPP no acudirá hoy a citación de magistrada por la asonada en Andahuaylas
El Comercio, 24 de abril del 2006. Por Gerardo Caballero Enviado Especial
Ollanta Humala seguirá con su gira por La Libertad para ganar los votos apristas
huamachuco. Todo hace suponer que el candidato de Unión por el Perú (UPP), Ollanta Humala, no acudiría a la citación que para hoy le ha hecho el Poder Judicial por la asonada violentista de Andahuaylas.
Por el contrario, Humala continuaría con la campaña que realiza por el departamento de La Libertad, la cual inició el sábado y seguirá hasta mañana martes.
Como se recuerda, su hermano Antauro Humala encabezó el 1 de enero del 2004 un levantamiento que terminó con la toma de la comisaría de Andahuaylas y la muerte de cuatro policías.
“El lunes tengo una citación por el Caso Andahuaylas. No tengo nada que ver, pero me están citando”, dijo Ollanta Humala.
Intentando restar importancia al tema, agregó: “Seguro me van a citar también por los casos de (Vladimiro) Montesinos (en alusión al levantamiento de Locumba, en el 2000, junto con su hermano Antauro) y de violación de derechos humanos (por su papel en la localidad de Madre Mía cuando estaba en el Ejército)”.
“Hay quienes piensan que yo debería hacer mi campaña en el Poder Judicial”, contestó cuando se le insistió sobre el tema.
Al cierre de este despacho no se informó de ningún cambio en el itinerario que realizará hoy por Cascas, Ascope, Casa Grande y La Esperanza.
Patricia Overluijs, encargada del Juzgado Penal 38 de Lima, anunció a comienzos de mes que tenía previsto citar al candidato presidencial para una audiencia reservada que empezará hoy a las nueve de la mañana.
Más datos
Ollanta Humala reiteró su deseo de “convertir la sierra liberteña en un bastión nacionalista”.
Más tarde, en alusión al Apra, señaló que un eventual gobierno suyo no se regirá por el carnet partidario.
Humala encabezó un concurrido mitin en Huamachuco y luego se dirigió a otras localidades de La Libertad.
En Quiruvilca recibió no solo insultos, sino también algunos objetos. Humala responsabilizó al Apra y le exigió a Alan García una explicación.
Piden investigar a García por desaparición forzada
Perú 21, 24 de abril del 2006. Por: Zarella Sierra Peralta
– Ex presidente solo había sido investigado por homicidio y abuso de autoridad.
– Testimonios de ex ministros confirman disposición de ocultar los cuerpos de las víctimas.
En las próximas semanas, Alan García no solo enfrentaría a Ollanta Humala en la competencia electoral, sino también a la justicia. Todo indicaba que la investigación judicial sobre la matanza en el penal de El Frontón no tocaría a los mandos políticos del Partido Aprista, pero el panorama legal podría cambiar en los próximos días.
La semana pasada, los abogados de los familiares de las víctimas de El Frontón presentaron una denuncia contra García ante el Ministerio Público para exigir el inicio de la investigación por la desaparición de los restos de los internos que fallecieron durante el debelamiento del motín ocurrido entre el 18 y 19 de junio de 1986. La Fiscalía Supraprovincial de Lima evalúa el caso y en las próximas semanas podría formalizar la citación al candidato presidencial.
ORDEN POLÍTICA. Los fundamentos del petitorio, a los que Perú.21 tuvo acceso, se basan en testimonios no solo de los sobrevivientes sino también de los integrantes del entonces gabinete ministerial y del personal de la Marina que intervino en el operativo militar, a través de los cuales se infiere que la orden no era solo debelar el motín, sino también ocultar los cadáveres de las víctimas y no entregarlos a sus familias.
Hasta la fecha, las investigaciones desarrolladas en torno a este caso se centraban en los delitos de homicidio calificado, contra la administración pública y contra la seguridad pública, sin considerarse dentro de los presuntos ilícitos cometidos el de desaparición forzada de personas.
Si bien en su declaración de junio del año pasado García admitió que la decisión de no entregar los cadáveres de los internos a sus familiares fue acordada en la sesión del Consejo de Ministros, “en concordancia con los estados de excepción, con el seguro propósito de impedir desórdenes en Lima”, las declaraciones de los entonces ministro del Interior, Abel Salinas, y comandante general del Ejército, Guillermo Monzón Arrunátegui, echarían por tierra la versión del ex mandatario.
CONTRADICCIONES. El 16 de junio de 2005, dos días antes del interrogatorio a García, Salinas -presente también en la sesión ministerial- dijo que “siendo una toma de cargo de las Fuerzas Armadas, no tengo conocimiento de cuáles hayan sido las razones de que se ejecutara de esa manera los entierros (de las víctimas)”, con lo que desmintió la versión de su líder político.
En tanto, el 4 de julio de 2005, Monzón dijo que “debía darse cumplimiento a lo dispuesto por el presidente de la República y organizar los entierros (clandestinos), así como la logística necesaria para ello, la movilidad y otros”.
Por su parte, el contralmirante Eduardo Colunge Guevara, a quien se le asignó la tarea de continuar con el entierro de los restos, dijo que desconocía que los familiares de las víctimas no tuvieran la información sobre el lugar de sepultura y afirmó que “en mi condición de oficial de la Marina de Guerra tenía conocimiento de que el entierro clandestino era un hecho ilegal y, en mi condición de ser humano, ese tipo de entierros no se deben dar”.
Para el congresista aprista Jorge del Castillo esta nueva acusación contra el candidato presidencial atiende a fines electoreros. Tras calificar de ‘ridícula’ la denuncia planteada por los abogados de las víctimas de El Frontón, el parlamentario dijo que “el caso de El Frontón ha sido investigado tres veces por el Ministerio Público y se ha declarado no ha lugar a la denuncia contra Alan García y se ha dictado su archivamiento, pero parece que esta gente le hace juego al senderismo y ahora, en vista de las elecciones, es una pera dulce denunciar a Alan García. No tiene asidero legal”, acotó. La última palabra la tiene el Ministerio Público, que decidirá el trámite que se dará a la acusación planteada contra el ex mandatario.