Peru Election 2006

A very interesting piece on the independence of the Chilean judiciary in the latest Caretas (1985).

La Flor del Roto
Por Enrique Chávez
Caretas 1985, 19 de julio del 2007
Como un péndulo, la seriedad e independencia de la Justicia chilena ha sido argumento enunciado tanto por los defensores y detractores de Alberto Fujimori.
Ahora que el juez Orlando Álvarez dio a conocer el fallo en el que echa por la borda las posibilidades de extraditar al ex mandatario, los fujimoristas ensalzan las virtudes de las cortes del país vecino. Hace poco, cuando la fiscal suprema Mónica Maldonado le recomendó a Álvarez la extradición, se referían al carácter “excesivo” del dictamen.
De modo parecido, la defensa del Estado peruano representada por la Procuraduría Ad Hoc ha recorrido el camino inverso en su opinión de los tribunales chilenos.
La gran confusión parece originarse en el prurito de colgar el cartel de “primer mundo” en el país limítrofe que es, al mismo tiempo, referente, socio y añejo rival.
También puede alimentarse en el complejo de inferioridad que ataca frecuentemente a los peruanos. Debilidad que en muchos debió acentuarse cuando un ex presidente del Perú renuncia por fax, busca refugio en Chile y se presenta como candidato al Senado japonés.
Pero las conversaciones filmadas de Andrónico Lúksic con Vladimiro Montesinos recordaron que en todas partes se cuecen habas. La reciente muerte de Augusto Pinochet también revivió las heridas de una sociedad dividida.
El fallo del juez Álvarez –ministro, como se le llama en Chile– vuelve sobre lo mismo: la herencia de la dictadura. Las encuestas realizadas posteriormente demuestran que los chilenos desaprueban abrumadoramente el fallo.
Un miembro del gobierno chileno consultado por CARETAS ofrece el resumen más certero. “Los jueces”, señala, “son en su mayoría pinochetistas y actúan con el mismo rasero a la hora de juzgar los excesos de Fujimori. Pinochet no estuvo un día preso en Chile. ¿Por qué Fujimori habría de correr diferente suerte?”.
Bien lo sabe la periodista Alejandra Matus, quien luego de varios años de reportear en la Corte Suprema publicó El Libro Negro de la Justicia en Chile (Planeta, 1999).
El libro exponía las miserias y las reprobables prácticas de la máxima instancia judicial chilena y la publicación mereció reacción inmediata. El mismo día del lanzamiento, 14 de abril, el juez Rafael Huerta, a quien el libro recordaba algún fallo indecoroso, ordenó la incautación de todos los ejemplares. La propia Corte Suprema impartió una orden de arresto contra Matus por “violar la seguridad nacional”. Las medidas se sostenían en la inadmisible ley de desacato vigente, cómo no, del gobierno de Pinochet.
Matus obtuvo condición de asilada política en Estados Unidos y el consorcio de medios Copesa publicó, antes de cinco horas, el íntegro del texto censurado en Internet. Utilizaron un servidor norteamericano para saltarse la ley de desacato.
La periodista pasó dos años fuera del país. “A partir de mi caso y de un juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno de Ricardo Lagos impuso la derogación de la ley”, recuerda Matus desde Santiago por la vía telefónica. “Pero, aunque no lo creas, el juicio no se archivó de inmediato. Debí litigar desde mayo hasta noviembre del 2001”.
El juez que insistió con el caso contra Matus a pesar de que la ley en cuestión ya no existía fue Jaime Rodríguez Espoz. Actualmente es nada menos que uno de los cinco integrantes de la Segunda Sala de la Corte Suprema, instancia que decidirá el destino final de Fujimori luego del fallo preliminar de Álvarez.
¿Cuánto ha cambiado la Corte Suprema desde los días retratados en El Libro Negro? “Ha cambiado mucho y ha cambiado nada”, responde Matus.
El Libro Negro
El libro descubre detalladas historias de la Suprema caracterizadas por coimas, tráfico de influencias, jueces reticentes a reformas indispensables, ascensos reservados solo para aquellos sumisos con el sistema y listas negras con los nombres de quienes osaban procesar a los poderosos.
“Fue en los primeros años de los 90’s que cristalizó en la Corte Suprema el punto más bajo de un largo proceso de degradación”, concluyó Matus. “Si no fuera por la actitud individual de algunos notables magistrados la condena sería total”.
Uno de los contrastes más sugestivos del libro se plantea entre el juez Carlos Cerda y el fiscal Marcial García Pica. Ambos compartían oficinas en la Corte Suprema. Al primero se le condenó al ostracismo y el truncamiento de su carrera por someter a proceso a cuarenta miembros del Comando Conjunto, acusados de la desaparición de trece dirigentes comunistas en 1986. El segundo fue protegido por los ministros supremos durante décadas a pesar de sus rutinarias corruptelas y una conocida afición por las colegialas de entre 13 y 15 años, niñas “de escasos recursos” captadas en los alrededores del hipódromo y que lo visitaban en su oficina.
Todas eran presentadas como sus sobrinas. “El les hace de todo”, dijo una fuente a la periodista. “Las toquetea, las desviste, les toma fotografías que luego destruye y echa en el papelero. Muchas veces vimos esos pedacitos de foto al sacar la basura”.
Matus valora especialmente el papel de Cerda porque impulsó casos ejemplarizadores cuando las papas ardían de verdad. Por eso muestra escepticismo cuando se le pregunta por la importancia de las votaciones de los ministros en los juicios posteriores contra Pinochet y su entorno. “El punto importante es si fue en democracia o en dictadura”, aclara. “Hay un puñado de jueces que sí se enfrentaron en su momento”.
El libro describe la guerra declarada a Patricio Aylwin, primer presidente con el retorno a la democracia, anunciadas sus intenciones de reformar la Corte Suprema y tras presentar en 1991 el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. El documento hizo severos cuestionamientos al papel del Poder Judicial durante la dictadura, sobre todo en su récord en los casos de crímenes de lesa humanidad.
Una medida temprana de la Corte ayuda a entender algunas taras del fallo del juez Álvarez: “Recién comenzado el gobierno (de Aylwin), la Corte Suprema había fijado el criterio de que los pactos internacionales aprobados por Chile no se considerarían incorporados a la legislación chilena como para dar por abolida la Ley de Amnistía”.
El gobierno de Eduardo Frei logró consensuar las primeras reformas judiciales. Entre ellas estuvo la apertura para que abogados ajenos al Poder Judicial pudieran integrar la Corte y que su elección –propuesta por el Presidente de la República a partir de candidatos patrocinados por el propio Tribunal– fuera votada en el Senado.
Por esto mismo Matus asevera que la Corte ha cambiado “mucho y nada”. Se hizo más plural y ya no hay jueces que hubieran sido elegidos por Pinochet, pero la influencia del Senado continúa imprimiendo un sello político.
Orlando Álvarez, abogado que hizo carrera en diversas instancias del Poder Judicial, ingresó bajo la nueva fórmula.
En julio de 1999, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) evacuó un informe sobre la posible impunidad de la que Pinochet podría gozar si era juzgado en Chile.
Allí constataba que la Corte Suprema estaba “fuertemente determinada por el pinochetismo”. Mencionaba al juez Álvarez dentro de una lista de nueve ministros nombrados por el Senado, en ese entonces “dominado” por esa facción política, “dado el sistema de elección binominal y la presencia de senadores vitalicios y designados”.
El Juez Guzmán
La influencia no se agotaba allí. A pesar de que Frei logró sacar adelante las mencionadas reformas, también pidió archivar por razones de Estado el caso de los cheques millonarios del hijo mayor de Pinochet. “Cuando, en cambio, estalló el conflicto por el arresto en Londres y la petición española de extradición”, escribió Matus, “la postura es exactamente la contraria. Ahora se trata de dar seguridades al mundo de que el General puede ser juzgado en Chile”.
Aquella garantía prometida por el Estado chileno respondía al nombre de Juan Guzmán Tapia. La BBC lo llamó “el juez más famoso de Chile”. Fue el magistrado que, el 12 de enero de 1998, acogió la primera de más de setenta demandas contra Pinochet presentadas por grupos defensores de Derechos Humanos. Nueve meses más tarde, el ex dictador fue arrestado en Londres a pedido del juez español Baltasar Garzón.
A partir de entonces, Guzmán Tapia consiguió avances impensables tan solo meses antes. Ordenó los arrestos de los militares responsables de los operativos de la Caravana de la Muerte, logró que la Corte Suprema despojara a Pinochet de su inmunidad, ordenó su detención domiciliaria y lo sometió a los interrogatorios judiciales. Otras decisiones judiciales bloquearon los juicios en los días finales del dictador. Guzmán Tapia se jubiló hace poco de la judicatura y se dedica a la academia.
Según el diario La Tercera, Guzmán presentía más sintonía con el dictador en la Segunda Sala de la Corte Suprema. Fue allí donde se reabrieron los casos de los desaparecidos, archivados tras la amnistía de 1978. Uno de sus integrantes era Alberto Chaigneau, que es su actual presidente y que también votará sobre el caso Fujimori.
Para la defensa de Pinochet, por otro lado, la corte más amigable era la Tercera Sala, en la que Orlando Álvarez era un ministro destacado. Álvarez fue uno de los únicos tres magistrados que votaron en contra de relevar al juez Sergio Valenzuela del llamado caso Tucapel Jiménez. Este fue un asesinado líder sindical y se acusaba a Valenzuela por aletargar el caso durante años.
Allí ya se dejaba ver el fustán del ministro Álvarez. Se confirmó con el voto en contra del desafuero de Pinochet, senador vitalicio, para ser enjuiciado por las millonarias cuentas del Banco Riggs y las atrocidades de la Caravana de la Muerte y la Operación Cóndor. Álvarez estuvo en la minoría de seis jueces supremos que rechazaron esa medida. Los otros catorce, entre los que se contaba Chaigneau, votaron a favor del enjuiciamiento al ex dictador.
“Argumentos Pobres”
Por todo ello, Guzmán Tapia se trata de una de los profesionales más autorizados para evaluar el fallo del juez Álvarez. CARETAS se comunicó con él en Bogotá, donde participaba en un seminario. Señala que el documento adolece “de muchos errores de hecho y de derecho… Desconozco las razones internas de Álvarez, pero sus argumentos son contradictorios y pobres”.
Luego de leer los 122 puntos del documento no duda en calificar su razonamiento de “muy arreglado. Pienso que hubo presiones de (el diario conservador) El Mercurio, dentro de Chile y del mismo Japón. Pero para Chile es mucho más importante el Perú que Japón. Tenemos una frontera muy grande, relaciones estrechas y la impunidad no se puede aceptar”.
Guzmán Tapia desmenuza el fallo de Álvarez y halla que:
– “Los requisitos que debe obtener el juez que concede la extradición son de tipo formal. No se debe analizar la responsabilidad, ello es exclusivo del Estado solicitante” (la defensa de Fujimori señala que el artículo 647 del antiguo Código Penal chileno, que se aplicó en este caso, exige acreditar si el procesado cometió el delito atribuido).
– “En los casos de Barrios Altos, donde incluso fallece un niño, y La Cantuta, señala que no hay sistematicidad, cuando entre ambos transcurre un año y son violaciones abiertas a los DD.HH. No pueden ser más sistemáticas”.
– “Fujimori hizo que no se enjuicie a los miembros del grupo Colina y al menos es cómplice y encubridor. Él era el jefe de las Fuerzas Armadas y en mi concepto es autor de los crímenes. El argumento final de Álvarez, que no se encuentra acreditada la participación de Fujimori, es un absurdo”.
– “Álvarez habla de elecciones democráticas cuando fueron fraudulentas. Se refiere a la extradición archivada en Japón, cuando ese país nunca se pronunció”.
Hay que añadir que Álvarez no es especialista en derecho internacional sino en laboral. El de Fujimori fue su primer caso como juez instructor y la periodista Jacmel Cuevas publicó un artículo en el portal de Terra donde lo cuestionaba por ser uno de los magistrados con más ausencias y permisos. La investigación de Matus cuestionó precisamente que no existe ningún control sobre la asistencia de los ministros.
¿Qué esperar de la evaluación de la Segunda Sala de la Corte Suprema? Guzmán Tapia no suena exultante. Los primeros pronósticos sugerían que el voto de dos magistrados sería a favor de la extradición (Hugo Dolmetchz y Jaime Rodríguez Espoz, que sin embargo insistió con el juicio a Matus) y otros dos en contra (Nibaldo Segura y Rubén Ballesteros, también cuestionado en El Libro Negro por su alineamiento con el gobierno militar).
Del quinto dirimente, Alberto Chaigneau, “yo le habría dicho en sus buenos tiempos que sería favorable a la extradición. Pero después de cómo falló en algunas causas de Pinochet, cualquier cosa se puede esperar”. Casi lo mismo que se le escapó a Keiko Fujimori sobre el candidato japonés. “Con mi padre”, dijo a la prensa chilena, “uno nunca sabe lo que puede pasar”.
Extract from the Office of the Special Rapporteur for Freedom of Expression, Inter-American Commission on Human Rights, Annual Report for Freedom of Expression 2002
In October 2002, the Commission approved the report on admissibility in the case of Alejandra Marcela Matus Acuña of Chile. The petitioners allege that the State has violated their right to freedom of expression for having prohibited the distribution of El Libro Negro de la Justica Chilena (The Black Book of Chilean Justice), written by the journalist Alejandra Marcela Matus Acuña and published in April 1999. The journalist was charged with desacato (disrespect) according to the Ley de Seguridad Interior del Estado (State Security Law ). The journalist Matus Acuña traveled out of the country, considering that she would be detained pursuant to a procedure contrary to Chilean norms and the American Convention. On October 19, 2001, the Chilean courts lifted the prohibition of the book’s circulation, after more than two years of censorship. The resolution was based on the repeal of Article 6.b of the State Security Law in May 2001 and the enactment of the new Press Law. Additionally, the resolution of the magistrate definitively dropped the charges against the general manager of Editorial Planeta, Bartolo Ortiz, and editor Carlos Orellana, who were charged together with the journalist Matus with the offenses of defamation and libel. In the same resolution, the case against Alejandra Matus for bribery and desacato was temporarily dismissed. Moreover, the return of more than two thousand seized copies was ordered, allowing the free circulation of the book in Chilean bookstores
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