Woodman’s links to Romero, Montesinos
Maxwell A. Cameron
December 30, 2005
Arturo Woodman is the former head of CONFIEP, the nation’s main business association; as such, he is one of the most powerful businessmen in Peru. He has worked closely with Dionisio Romero, reputed to be the most powerful entrepreneur, though now in retirement. Romero was disgraced by his questionable links with Vladimiro Montesinos, Fujimori’s sinister spymaster.
According to Ángel Páez, “Woodman was not only closely involved with the corrupt regime of Alberto Fujimori (1990-2000), but is also a close associate of banker Dionisio Romero, who faced charges for trafficking of influences.” Woodman, he says, “personally brought Romero” to the offices of Montesinos. Romero not only met with Vladimiro Montesinos on a number of occasions, he also helped Montesinos to flee Peru providing a private jet to Montesinos after Fujimori announced his resignation in 2000.
Woodman claims to have severed all links with Romero and his financial group. In what might be read as a implicit defense of Romero, however, he has been critical of anti-corruption efforts in Peru. He argues no one should be charged with influence trafficking just because they met someone influential. Dionisio Romero is facing charges for influence peddling arising in part from his meetings with Montesinos. In response, judge Luis G. Vargas Valdivia has argued that Peru has taken unprecedented steps to improve its anti-corruption controls, but he also insists that the controls are not excessive. Not everyone who met with Montesinos has been charged with criminal activity he says, with reference to Woodman.
Ángel Páez quotes Ronald Gamarra, a former prosecutor and researcher at the Legal Defense Institute, who says: “Someone who has had such close ties to Montesinos should abstain from participating in politics, let alone run for vice president, no matter what party he belongs to.” Not the sort of ringing endorsement of a vice presidential candidate that a front-running presidential candidate might want.
Los problemas de Dionisio (y los del BCP)
Francisco Durand
QueHacer #147. Marzo-Abril 2004
Según la famosa encuesta de opinión de Apoyo sobre el poder, Dionisio Romero es considerado desde hace décadas «el empresario más poderoso del país». Tamaño título no lo exime de problemas; al contrario, más bien se los agranda.
El poder de Romero se manifestó al fortalecer su conglomerado familiar al mismo tiempo que mantenía acceso al más alto nivel de cuanto gobierno civil y militar ha tenido el país en los últimos treinta años. Con maña y paciencia, logró transformar al grupo Romero en el San Pedro de los «Doce Apóstoles». Organizó hábilmente la toma hostil del BCP, el primer banco del país, allá en 1978, en alianza con los grandes grupos de poder peruanos (Brescia, Raffo). Su fama creció al derrotar limpiamente el alocado proyecto de estatización de la banca de Alan García en 1987.
Su estilo se caracterizaba por obrar a través de otros cuando era necesario hacer algo en público (caso de sus gestores Miguel Vega Alvear y Arturo Woodman) mientras manejaba los hilos del poder en absoluto silencio. También logró colocar a funcionarios de sus empresas en puestos clave en el Ministerio de Economía y Finanzas. Hasta que sucedió lo impensado cuando a Montesinos tuvo la idea de grabar cada reunión que celebraba con sus invitados en su guarida del Servicio de Inteligencia Nacional.
«Si no fuera por ese video —me dijo un empresario—, Romero se hubiera retirado como el gran empresario que es». El video provocó una fractura no definitiva pero importante en la fama del banquero. A pesar de los esfuerzos por controlar los daños, de su retiro parcial al dejar a Leslie Pierce al mando del gigante alimentario Alicorp y pasarle el mando del grupo familiar a su único hijo, Dionisio Romero Paoletti; no obstante la ofensiva periodística para acallar el escándalo (agravado por haber sacado a Montesinos en uno de sus aviones y ser acusado de beneficiarse por haber manipulado la privatización del puerto de Matarani), en fin, luego del esfuerzo millonario por cambiar los colores institucionales y la imagen del BCP (que todavía dirige siendo J. J. Camet parte del directorio), el caso es que el video lo puso contra la pared.
El film evidencia que Dionisio influye sobre Montesinos para nombrar administradores de la pesquera Hayduk, empresa endeudada con el BCP. El pago no fue en dinero sino en especie: declarar, contra su costumbre, atacando al alcalde Andrade y alabando a Fujimori, y hacerlo en el diario que le dijo Montesinos, en Expreso, y no en El Comercio, como se lo pidió insistentemente Dionisio.
Luego vino el juicio y ahora llega el momento de las decisiones. La última movida de ajedrez del banquero ha sido acusar de conflicto de intereses a la vocal Inés Tello (¡por ser deudora del BCP!) y, como el caso es judicialmente claro a favor del Estado, embestir contra la Sala Anticorrupción A, consiguiendo, en clara demostración de influencia, que la Oficina Distrital de Control de la Magistratura inicie proceso indagatorio contra los vocales Inés Tello e Inés Villa. Se pretende argumentar que «los derechos fundamentales» del empresario están siendo violados para dar a entender que es una suerte de víctima de la justicia peruana.
Gane o pierda, Romero está encajonado. Si pierde deberá pasar cuatro años de arresto domiciliario, lo que en su caso, en vista de las comodidades de su mansión de La Molina, equivale a unas vacaciones. Si gana se verá como una demostración de debilidad de la justicia peruana con los poderosos. En cualquier caso, la pérdida de imagen empresarial es evidente.
En este juicio hay algo más que el prestigio de Romero en juego. El BCP debe considerar que la reputación del banco más fuerte del país está siendo afectada por el escándalo, lo que puede incidir en su valor de mercado. Quizá ha llegado la hora de organizar una transición ordenada: cambiar el directorio sacando a Romero y a Camet y cerrar finalmente el capítulo de la asociación estrecha con el fujimontesinismo.
¿Fracasó el sistema anticorrupción?
Arturo Woodman, Ex presidente de la Confiep
El Comercio, 19 de agosto del 2004
Gran parte del cuestionamiento al sistema anticorrupción constituido para investigar y juzgar los delitos incurridos durante el gobierno anterior se estarían generando porque los juzgados, fiscales, cortes y procuradurías, no tendrían el suficiente criterio, formación, ni el prestigio personal para ejercer justicia imparcialmente.
Se observa que se han designado con facilidad a personas que si bien actúan con una aparente honestidad y en defensa del ejemplar sistema anticorrupción, sus actuaciones como jueces, fiscales o procuradores dejan mucho que desear, sobre todo debido a que sus antecedentes ideológicos no les permiten actuar con la indispensable imparcialidad.
Hay miembros de este sistema incapaces de separar la paja del trigo, debido a que no comprenden que su función es aplicar los conceptos básicos de la justicia, y evaluar solamente los hechos como exigen los procesos judiciales.
Se han iniciado procesos basándose solamente en simples, descabelladas e infundadas denuncias, olvidándose de tomar en cuenta las circunstancias en que se dieron los hechos objeto de la investigación.
Si los procesos se llevan con superficialidad, dando prioridad a las denuncias y conjeturas, estas producen un daño irreparable a las personas que irresponsablemente son incluidas y que adicionalmente van acompañadas por campañas publicitarias que lesionan más su honorabilidad.
No es posible que se tengan detenidos a ciudadanos por el solo hecho de haber recibido un apoyo dinerario destinado a cubrir los gastos de una campaña electoral y que después se aclara que estos fondos no eran honestos. Es conocido que para proceder a la comisión del delito, los receptores tendrían que haber sabido que el origen de sus contribuciones se encontraban fuera de la ley.
Casos como los del señor Héctor Chumpitaz, la señora Beltrán y los seguidos a ex ministros, destacados funcionarios, empresarios y empleados, por el solo hecho de haber servido o tenido relación de trabajo con el gobierno anterior, nos están llevando a la conclusión de que se actúa por motivaciones políticas, venganza o por no tener noción de las realidades de la vivencia común.
Se han procesado denuncias sin ninguna prueba o tergiversando la calificación del delito, al extremo de considerar en este terreno al tráfico de influencias por solo haber tramitado una cita con algún personaje del poder o por solicitar la intermediación de una persona del gobierno para la designación de un interventor o el caso común y simple que un juez acepte cambiar la fecha de una cita.
Indudablemente, en muchos de estos procesos se ha perdido tiempo y sobre todo se ha cometido muchas arbitrariedades procesando todo tipo de denuncias, en contradicción al hecho de no haberse concluido siquiera los procesos de los verdaderos corruptos.
No se discute que aplicar justicia es complicado. En la otra cara de la medalla, muchos magistrados la ejercen con equidad, pero cuando se aplica la ley sin criterio y sin sentido común, la institución judicial, el Gobierno y el país se perjudican sembrándose problemas, incertidumbre y una innecesaria y peligrosa sed de revancha.
No hay fracaso anticorrupción
Luis G. Vargas Valdivia, Procurador ad hoc
El Comercio, 21 de agosto del 2004
En los últimos días han surgido dudas en ciertos sectores respecto de la idoneidad del sistema anticorrupción las cuales aparecen, coincidentemente, cuando se ha ampliado la facultad de los juzgados y salas anticorrupción para que conozcan también los hechos ilícitos perpetrados durante el actual régimen.
Dejando de lado el aspecto cuantitativo, que resulta importante, pues refleja, entre otros datos, los dineros y bienes inmovilizados y recuperados, consideramos que a efectos de absolver la interrogante de Arturo Woodman, al respecto de si fracasó el sistema anticorrupción, resulta conveniente analizar los logros cualitativos.
Como nunca antes en la historia de nuestro país, el sistema anticorrupción ha demostrado que no solo con un adecuado sistema legal, sino sobre todo con el importantísimo soporte humano (jueces, fiscales, comunicadores sociales y por qué no también procuradores), es posible llevar a juicio a aquellos a quienes se imputa la comisión de un delito, sin importar sus condiciones y vinculaciones políticas, sociales o económicas, materializándose así el principio de igualdad. El poder ha dejado de ser un instrumento perturbador de la justicia.
Por otro lado es de resaltar la constante preocupación de los integrantes del sistema por el respeto de las denominadas “garantías del debido proceso”, por lo que, a diferencia de lo que acontecía durante el fujimorismo, los procesados tienen amplia facultad de ejercer adecuadamente su derecho de defensa, pudiendo acceder incluso a los diferentes órganos internacionales de protección de derechos humanos.
El Perú de hoy, y en especial el sistema anticorrupción, es respetuoso de los informes y las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Justicia. Lo que permite demostrar que en un Estado de derecho sí es posible la defensa adecuada de la paz social.
Se pretende cuestionar la capacidad e idoneidad de los integrantes del sistema anticorrupción debido a los cargos formulados contra algunos encausados, por su participación en delitos de tráfico de influencias y peculado. No formularé apreciación alguna al respecto, pues habrá de corresponder a los jueces decidir, en el curso de los juicios, la culpabilidad o inocencia de los mismos. Debemos sí resaltar que en dichos juicios se ha ratificado la garantía de publicidad, lo que permite a la ciudadanía ser testigo de excepción de la actividad probatoria y formarse así un criterio sobre los cargos y a la vez controlar la actuación de los jueces, evitándose así abusos.
Es evidente la desinformación de Arturo Woodman, ya que muchas personas que concurrieron y conversaron con Vladimiro Montesinos en su oficina no se encuentran comprendidas en ningún proceso penal, pues debe acreditarse, además, que dichas tratativas tuvieron un trasfondo delictivo. Al respecto resulta pertinente recordar que Héctor Chumpitaz ha admitido, en el juicio, los cargos que se le imputan, esto es que conocía la procedencia ilícita del dinero que recibió de Montesinos.
En síntesis, el sistema anticorrupción no ha fracasado, si bien se han observado algunas falencias; sin embargo, es obligación de todos aquellos que deseamos un futuro diferente para nuestros hijos apoyar con críticas constructivas tales instituciones e incorporar a la colectividad en el control de la actuación de nuestras autoridades.
Gustavo Gorriti habla sobre Arturo Woodman y su interés por defender a Dionisio Romero
Ideele Radio, 25 de agosto del 2004. Duracion: 5’07” Download file
Arturo Woodman: “El empresariado no debe asustar”
Por Maria Luisa Palomino
Peru 21, 22 de diciembre del 2005
Sobre su inclusión en la plancha de Unidad Nacional.
Dice que no se arrepiente de su reunión con Montesinos y se siente orgulloso de haber trabajado en el Grupo Romero. Arturo Woodman espera que la gente con menos recursos se sienta representada por él, pues -insiste- solo la inversión terminará con la pobreza.
– ¿Su presencia en la plancha de UN no demuestra que Lourdes Flores es la candidata del empresariado?
– Es una exageración. Para empezar, el empresariado no debe asustar, pues en el Perú más del 50% tiene su empresa pequeña. Yo no represento a ninguna empresa en particular.
– ¿Cuáles son sus vínculos con el Grupo Romero?
– Desde julio he sido jubilado, pero hicimos un trato para seguir hasta diciembre. Actualmente no tengo ninguna actividad ejecutiva en el Grupo Romero.
– ¿Cree que los pobres puedan sentir que representará sus intereses?
– Ojalá, porque para salir de la pobreza se necesita inversiones. Hay que ser competitivos en este mundo globalizado. El que va contra eso sigue más pobre. Las palabras, las leyes y los ofrecimientos no sacan de la pobreza, sino las inversiones.
– Han surgido algunas críticas por la reunión que sostuvo con Montesinos.
– Es un defecto mirar hacia atrás cuando debería hacerlo hacia adelante. Yo no me avergüenzo de haber conversado con él sobre temas de terrorismo. En ese momento, quien manejaba la política antiterrorista era Montesinos.
– Pero tendió puentes para la reunión entre Dionisio Romero y Montesinos.
– En esa reunión solo se intercambiaron ideas políticas. Es un tema que ya fue aclarado. Además, no quiero zafar el cuerpo, pero yo no asistí a los encuentros a los que usted se refiere.
– ¿Qué hará si gana? En el Perú, el cargo de vicepresidente es casi decorativo.
– Si uno tiene ganas de trabajar, se busca el trabajo. Yo quiero trabajar para disminuir la pobreza, atraer inversiones y brindar estabilidad. Mi carácter no es el de un vicepresidente decorativo.
– ¿Cuál va a ser su posición con respecto a la privatización de los puertos, teniendo en cuenta que el Grupo Romero tiene interés directo en el tema?
– Necesitamos una mejora de los puertos. Las licitaciones son transparentes, gana el que mejor propuesta presenta. No estoy seguro de que el Grupo Romero se vaya a presentar, pero tiene todo el derecho de hacerlo.
– ¿Está a favor de la inversión chilena en puertos?
– No estoy en contra de las inversiones extranjeras. Sé que es muy sensible el tema de Chile, pero vivimos en una época de globalización. El Perú debería aspirar a hacer inversiones transnacionales. No podemos oponernos a que vengan otros, (decir) que no venga el de acá, que no venga el de allá. Los chilenos están trabajando con eficiencia, tienen Ripley, Saga.
– ¿Por qué escogió Unidad Nacional?
– Porque creo que es la que mejor coincide con mis ideas.
– ¿Ha leído el ideario del PPC, Solidaridad Nacional o Renovación Nacional?
– La verdad es que no, pero se escucha bien. El gobierno de Lourdes Flores mejorará la situación de la gente, la educación, la salud, la justicia.
– ¿Qué tipo de gobierno se necesita? En 1998 señaló que no había otra alternativa más que Fujimori. Este año dijo que entre un presidente dictador y uno demócrata prefería un intermedio.
– Se necesita un gobierno serio, honesto, que se preocupe por el aspecto social, por las inversiones y la seguridad.
– ¿Que aplique mano dura?
– Si es necesario. Eso no quiere decir que hay que matar a la gente. Por ejemplo, no se puede permitir que cuatro o cinco tipos bloqueen una carretera y corten la libertad de la gente de transitar.
– ¿Teme que Ollanta Humala desplace a Lourdes Flores?
– Lourdes Flores va a triunfar. Yo no coincido con las ideas de Humala. Las nacionalizaciones, las peleas con los vecinos y el ahuyento de las inversiones no llevan a buen puerto. La ciudadanía tiene que decidir si va hacia el progreso o hacia el estancamiento.
Renuncia a vínculos empresariales: Piurano Arturo Woodman no quiere que lo vinculen con Dionisio Romero
El Regional de Piura, 22 de diciembre del 2005
Los dardos contra el piurano Arturo Woodman considerado un profesional allegado a Dionisio Romero no se hicieron esperar tan pronto se conoció que Lourdes Flores Nano quería aprovechar su dimensión nacional tras la Copa América y el Mundial Sub 17. Al “colorao” Woodman se le sindica como representante del empresariado peruano, en la plancha de Unidad Nacional.
Como queriendo oscurecer su pasado profesional y personal, anunció que se alejará de toda actividad que lo vinculen con Dionisio Romero y otros. “He renunciado a todos mis vínculos empresariales e institucionales, incluyendo las empresas vinculadas al Grupo Romero, para iniciar mi carrera en la política peruana”, afirmó mediante comunicado de prensa.
Desde su presentación como integrante de la fórmula presidencial encabezada por Lourdes Flores Nano, Woodman recibió numerosas críticas por ser un empresario con aspiraciones políticas.
“(Ella) me invitó a participar en su plancha presidencial para ocupar la primera vicepresidencia de la República, ante lo cual acepté gentilmente por considerar que debo seguir aportando al progreso del país”, precisó.
Por ello, agradeció la confianza que depositaron en él diversos empresarios y representantes del Estado peruano para desempeñar con responsabilidad y satisfacción labores desde el sector privado y público.
“Desde esta nueva experiencia que viviré en adelante, seguiré trabajando con honestidad y desprendimiento a favor del bienestar y desarrollo del país”, manifestó.
Como parte de su nuevo rol, garantizó que sus esfuerzos estarán orientados a mejorar la calidad de vida de la población y dará prioridad a los temas de seguridad y deporte.
Hace unas semanas atrás Woodman reconoció ser un empresario y haber trabajado con el Grupo Romero. Asimismo, sostuvo que el hecho de haberse reunido con Vladimiro Montesinos no lo descalifica para trabajar por el país.
“En el 92 he tenido reuniones con él (con Montesinos), pero las reuniones eran totalmente transparentes y estuvieron enmarcadas dentro de lo que eran los conceptos básicos de la seguridad del país”, refirió.
POLITICS-PERU: The Usual Suspects
Ángel Páez
Inter Press Service News Agency. December 26, 2005
A mantle of corruption and impunity has begun to cast a shadow over the campaign for Peru’s April presidential elections, despite the fact that the candidates have not even been officially registered yet.
The presidential hopeful of the right-wing National Unity coalition, Lourdes Flores, who is the front-runner in the polls, presented businessman Arturo Woodman as her vice presidential running mate.
Woodman was not only closely involved with the corrupt regime of Alberto Fujimori (1990-2000), but is also a close associate of banker Dionisio Romero, who faced charges for trafficking of influences.
Two congressional commissions that investigated economic and financial crimes committed during the government of Fujimori found that Woodman was involved in four cases of corruption.
In addition, it was Woodman who personally brought Romero to the offices of then-security chief Vladimiro Montesinos, considered the power behind the throne during the Fujimori administrations.
Both Fujimori and Montesinos are in prison today – the former in Chile, where he is awaiting extradition to Peru on charges of crimes against humanity and corruption, and the latter in Peru, where he is being tried for a long list of crimes.
Montesinos filmed hundreds of videos in his office, showing how he bribed politicians, media owners and others. One of the many video recordings that triggered the scandal which brought down the Fujimori regime showed Romero asking Montesinos to intervene in a legal case involving one of the clients at his bank.
Although Woodman admitted that he took Romero to Montesinos’ offices, he claimed that the two men “never spoke of business or politics.”
However, on a video showing one of their meetings, Romero and Montesinos can be heard commenting on the need to lower taxes on wheat imports, another of the areas in which Romero has a business interest.
The banker himself also testified before a congressional investigatory commission that he and Montesinos touched on political and business issues.
Despite everything, Flores decided to put Woodman on her ticket.
“Someone who has had such close ties to Montesinos should abstain from participating in politics, let alone run for vice president, no matter what party he belongs to,” Ronald Gamarra, a former anti-corruption prosecutor and an investigator at the Legal Defence Institute, told IPS.
But the allegations against Woodman are not the only ones that have tarnished the campaign for the elections in which President Alejandro Toledo’s successor will be elected.
Questions have also been raised about the running mate of former president Alan García (1985-1990), who plans to seek a second term representing the social democratic Peruvian Aprista Party.
García announced that he would put retired admiral Luis Giampietri Rojas, a veteran naval officer who specialised in commando and intelligence operations, on his ticket.
Giampietri is a self-declared enemy of human rights organisations and a fierce critic of the Truth and Reconciliation Commission, which investigated the “dirty war” waged by the security forces against the insurgent Shining Path and Tupac Amaru Revolutionary Movement (MRTA) between 1980 and 2000.
The former president has presented Giampietri as an expert in security with ample combat experience, while highlighting his democratic and personal credentials.
But he neglected to mention that the retired naval officer was one of the two officers who ordered the June 1986 crackdown on a riot staged by inmates jailed for “terrorism” in the prison on El Frontón island, during the García administration. Some 300 prisoners were killed in the bloody incident.
The Truth Commission found that many of the prisoners were summarily executed after they surrendered, although the deaths were reported as having occurred during a firefight. Several of the prisoners who were killed were later found innocent of the charges on which they had been jailed.
García is facing criminal charges in that case, in which Giampietri is a witness.
But despite the abundant well-documented evidence and testimony, Giampietri denies that the prisoners were the victims of extrajudicial executions, and claims that “what happened in Frontón was not a massacre, but combat.”
“What happened was that some of my men were killed. We are facing unfair penal proceedings, but we will come out of it just fine,” he has stated.
Nor was the retired officer completely unconnected with the Fujimori regime. His name was on the parliamentary slate presented by Juan Carlos Hurtado, who ran for mayor of Lima for the Vamos Vecino movement, a Fujimori front.
Hurtado, whose campaign was financed by Montesinos, has been a fugitive from justice since a video recording was divulged showing the former spy chief handing Hurtado a briefcase full of cash.
But the problem is not only incidents from the past that raise doubts concerning Woodman and Giampietri. The real issue, said Gamarra, is not only that they have not repented, but that they justify their past actions.
In spite of his well-known relations with Fujimori, Montesinos and Romero, Woodman is an outspoken critic of the special anticorruption bodies set up to investigate and prosecute past offences.
“The citizens do not want to see people who are implicated in corruption and who have ties to the ‘Fuji-Montesinos mafia’ in the political arena, or in public posts,” said Gamarra.
And in the case of Giampietri, analysts point out that he has been a staunch opponent of the removal of the military courts, which under Fujimori violated the most basic rights of civilians accused of belonging to insurgent groups.
Fujimori and Montesinos allegedly used military judges to persecute and punish their foes, and to save their associates and collaborators from the ordinary courts. Many members of the armed forces accused of human rights abuses or involvement in the drug trade were protected by the military courts.
There are fears that if Giampietri becomes vice president, he will attempt to bring to a close the trials faced by military personnel accused of committing crimes against humanity during the dirty war. The retired officer has stated that he considers the trials “an act of vengeance against those who risked their lives to pacify the country.”
“The naming of Giampietri as Alan García’s vice presidential candidate is in keeping with the Peruvian Aprista Party’s position in favour of impunity and against investigations of human rights violations,” said Gloria Cano, with the APRODEH human rights association.
“Giampietri has not only been investigated for the El Frontón massacre, but has always openly defended all of the members of the armed forces facing charges or investigations for crimes against humanity,” the activist told IPS.
“As a candidate on García’s slate, Giampietri’s position as a witness in the trial against García is compromised,” she said.
“It is a fact that García and Giampietri have agreed that everything should be left in complete impunity,” Cano maintained.
Opinion polls show Flores in the lead for the April elections, followed by indigenous retired army colonel Ollanta Humala, who has a slight advantage over García.
Arturo Woodman is the 29th more powerful person in Peru, according to Encuesta del Poder 2005.