Peru Election 2006

Continuamos en campaña
Por Nicolás Lynch
La República, 14 de marzo del 2006
En las últimas dos semanas un grupo de candidatos de distintos partidos, especialmente profesores de universidades públicas, hemos vivido una experiencia inaudita. Fuimos tachados por las autoridades electorales a pesar de que habíamos cumplido con la ley y teníamos nuestras licencias sin goce de haber, por los sesenta días anteriores a los comicios, de las entidades públicas en las que trabajamos. Se arguyó un tema de fechas y oportunidad en la presentación de las licencias que no figura en ninguna parte. Felizmente tamaño despropósito no prosperó. Gracias a la movilización de los afectados y la solidaridad de los medios, la ciudadanía y los partidos democráticos, el Jurado Nacional de Elecciones enmendó el error y repuso nuestro derecho, en la mayor parte de los casos, poniéndonos nuevamente como candidatos. El argumento final fue el que debió primar desde un primer momento, que la tacha por las razones señaladas limitaba nuestro derecho constitucional a la participación política, por lo que debía dejarse de lado.
¿Existió una mano negra detrás de todo esto? Muy difícil de saberlo, aunque la militancia en partidos populares de la mayoría de los afectados despierta suspicacias. Pero haya sido conspiración, ineptitud o equivocación, demostramos que tamaña arbitrariedad no puede tolerarse en nuestro país y que los que trabajamos en el Estado, especialmente en la enseñanza, también tenemos derecho a competir electoralmente.
Cabe, sin embargo, un análisis de lo sucedido para que no vuelva a repetirse.
Primero, la ley electoral que obliga a pedir licencia 60 días antes de las elecciones a los trabajadores y funcionarios públicos que deseen participar como candidatos. El espíritu de la norma se supone que busca impedir el uso de recursos públicos a favor de un determinado candidato. Lo lógico entonces es obligar a pedir licencia a funcionarios con responsabilidad jerárquica y de gestión que tengan alguna capacidad de manejo de recursos. ¿Pero qué sentido tiene hacerlo con un servidor público de nivel medio o bajo que, además, si quiere postular debe renunciar a dos meses de sueldo? En este caso, que es el de la abrumadora mayoría, se trata de una ley abusiva y excluyente; más cuando vivimos en un país en el que los congresistas no renuncian a su sueldo ni a los “gastos operativos” durante la campaña.
Segundo, la omisión a considerar a los profesores de las universidades nacionales como servidores públicos con un estatus especial por la naturaleza de nuestra función de enseñanza e investigación, tal como lo señala la Constitución, la ley universitaria, el Tribunal Constitucional e incluso un acuerdo del propio Jurado Nacional de Elecciones. Por lo tanto, no incursos en la necesidad de pedir licencia tal como lo diría la Ley de Elecciones. Esta omisión, que es la primera vez que sucede en elecciones recientes, establece un grave precedente de desprecio por los catedráticos de las universidades públicas. Ha sido sorprendente, además, la falta de reacción de instituciones como la Asamblea Nacional de Rectores que han debido salir en defensa de sus profesores.
Tercero, el comportamiento burocrático sin visión jurídica alguna de los jurados especiales y el jurado nacional, que multiplican requisitos inexistentes, demostrando un ánimo policial y punitivo, ajeno a su función jurisdiccional. Este comportamiento nos debe llevar a repensar la composición de esos organismos y la organización del conjunto del sistema electoral, buscando una mayor representación de los partidos y la sociedad civil en la conducción de los mismos, para evitar arbitrariedades como las comentadas.
Continuamos entonces en la brega, con más fuerza que antes y con el ánimo de convertir nuestra pequeña victoria en un buen augurio de lo que puede pasar el próximo nueve de abril.