Peru Election 2006

Source: La República, 09 de julio del 2006.

Las razones de la jueza chilena Romy Rutherford
La República, 09 de julio del 2006. La República, 09 de julio del 2006. Por María Elena Castillo.
Para aceptar querella contra Alan Garcia
• La República tuvo acceso al documento por el que la magistrada admitió a trámite la denuncia contra el presidente electo.
La resolución de la jueza del Segundo juzgado del Crimen de Santiago de Chile, Romy Rutherford, admitiendo a trámite la denuncia contra el presidente electo Alan García por violaciones a los derechos humanos, sentó un precedente al reconocer que los delitos de lesa humanidad pueden ser juzgados por cualquier tribunal en el mundo.
En los fundamentos jurídicos de la resolución –a la que accedió La República– la magistrada invocó el principio de universalidad que faculta a cualquier Estado a procesar a los violadores de derechos humanos aunque estos o las víctimas sean extranjeros, y el crimen se haya cometido fuera de su territorio.
“El principio de justicia universal autoriza la persecución extraterritorial, precisamente, de aquellos delitos que en su realización revisten las características de crimen contra la humanidad, como serían los que denuncian en estos autos”, señaló la resolución ante la querella interpuesta contra Alan García por el Comité de Refugiados Peruanos en Chile.
Compás de espera
Sin embargo, la jueza Rutherford precisó en el mismo documento que la denuncia puede admitirse si el hecho no ha sido previamente procesado por el Estado donde ocurrieron los hechos.
El abogado de los demandantes, Hugo Gutiérrez Gálvez, afirmó que a más tardar el miércoles entregará a la magistrada la documentación que demostraría que García Pérez no está siendo procesado por ninguno de los hechos por los que ha sido acusado.
“En el caso de El Frontón hay un proceso en Perú, pero García está como testigo y no como acusado”, dijo, afirmando que tampoco lo está en los otros casos que forman parte de la demanda, que incluyen la desaparición y ejecución extrajudicial de campesinos en Checcasa (Apurímac), el secuestro y tortura de Rodolfo Noriega Cardó y la persecución y amenazas contra Raúl Paiva Cossío.
Gutiérrez aseveró que García Pérez puede ser procesado en Chile por cualquiera de estos delitos, en el caso de que el fiscal peruano decida incluirlo en el caso de El Frontón.
Primeras diligencias
El abogado chileno sostuvo que la magistrada tomó los testimonios de Paiva Cossio y Noriega Cardó, los dos peruanos que presentaron la demanda contra García. El primero contó cómo fue perseguido por el Comando Rodrigo Franco (vinculado al Apra) y colocaron explosivos en su casa, mientras que Noriega dijo haber sido detenido y torturado por supuesta filiación senderista.
Amplían investigación fiscal contra AGP
La República, 09 de julio del 2006. Por Ana Véliz.
• Por matanza de los senderistas presos en El Frontón que se amotinaron en junio de 1986.
El fiscal superior Edgar Chirinos ordenó al fiscal provincial Mario Gonzales ampliar las investigaciones al presidente electo Alan García por haber ordenado presuntamente la ejecución de los senderistas presos que se amotinaron en el penal El Frontón el 17 y 18 de junio de 1986.
El fiscal superior acoge el pedido de la defensa de los familiares de las víctimas, que se quejaron del archivamiento dispuesto por el fiscal Gonzales de la denuncia contra García y sus ministros. Ahora Gonzales tiene plazo hasta fines de agosto para seguir con la investigación.
Chirinos también le ha recordado a Gonzales que esta es la tercera vez que ordena una ampliación y será la última, porque espera que esta vez tenga resultados.
Gonzales debe interrogar nuevamente a los ex ministros Agustín Mantilla, Carlos Blancas y Luis Alva Castro. Además ha solicitado a la Marina las bitácoras referidas al operativo, el listado del armamento entregado, así como el material fílmico de la intervención.
Sin inmunidad
La abogada de los familiares de las víctimas de El Frontón, Gloria Cano, indicó ayer que pese a que García es el presidente electo, este puede ser investigado sin ningún problema. Es más, puede ser denunciado ante el Poder Judicial, sin necesidad de que se le levante el fuero. Será el Poder Judicial la instancia que, en caso se le abra proceso, pida el levantamiento de la inmunidad.